La madrugada del 3 de septiembre, una familia fue asesinada en su vivienda de la ciudadela La Rotaria, en el noroeste de Guayaquil. Las víctimas fueron una pareja de entre 60 y 65 años y su hijo mayor de 25, quienes fueron atacados a balazos dentro de su hogar alrededor de la 01:00. Horas después, el inmueble presentaba múltiples impactos de bala en la fachada y en la puerta, evidencia del nivel de violencia con que actuaron los agresores.
Los primeros informes de medios locales, como Ecuavisa, indican que los criminales derribaron la puerta metálica de acceso y forzaron el candado de un pasaje peatonal cerrado para ingresar hasta la vivienda. En la entrada se observaron carteles con frases religiosas, lo que hace presumir que la familia pertenecía a una congregación evangélica.
Esto recuerda otro crimen ocurrido apenas el 28 de agosto en Flor de Bastión, donde una familia evangélica —un padre, su esposa y su hija de 22 años— también fue asesinada dentro de su casa. En ese hecho, un niño de un año sobrevivió al ataque. Según las autoridades, el padre trabajaba como mensajero del Municipio de Guayaquil y la masacre estaría relacionada con represalias de extorsionadores.
El nuevo crimen en La Rotaria refuerza la percepción de que los hogares han dejado de ser espacios seguros en sectores populares de Guayaquil. Vecinos de la zona confirmaron a medios locales que varias familias han optado por abandonar sus casas debido al temor a los grupos criminales que operan en el barrio. Una mujer, entrevistada la mañana del miércoles por Ecuavisa, aseguró que había decidido dejar su vivienda hace un mes y solo la visitaba ocasionalmente.
La masacre ocurre en un contexto nacional de extrema inseguridad. Según cifras oficiales, Ecuador no registra un día sin muertes violentas desde julio de 2021. La provincia del Guayas concentra el mayor número de homicidios, producto de disputas entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico y a redes de extorsión. En los últimos años, la ciudad de Guayaquil se ha convertido en epicentro de estas confrontaciones, con barrios periféricos como Flor de Bastión, Monte Sinaí o La Rotaria entre los más golpeados por la violencia.
La modalidad del ataque, con irrupción en la vivienda y disparos directos contra los ocupantes, coincide con patrones de asesinatos usados por grupos armados ilegales para infundir miedo y castigar a quienes no ceden a sus exigencias económicas. En casos anteriores, las autoridades han vinculado este tipo de hechos a represalias contra víctimas de “vacunas” —la forma local de extorsión sistemática a comerciantes, transportistas y familias. Aunque hasta ahora no se ha confirmado si la familia de La Rotaria había recibido amenazas previas, el antecedente de Flor de Bastión y los testimonios de vecinos desplazados apuntan a una misma dinámica criminal.
El crimen contra esta familia se suma a una serie de hechos recientes que han estremecido a Guayaquil. Los homicidios ocurren pese al despliegue militar y policial ordenado por el gobierno bajo el estado de “conflicto armado interno”, declarado en enero de 2024 como respuesta a la escalada de violencia vinculada a bandas como Los Choneros, Los Lobos y otras agrupaciones locales.
El impacto social de estos asesinatos trasciende las cifras. En barrios populares, los pobladores viven bajo toques de queda autoimpuestos: evitan salir de noche, instalan rejas adicionales y reducen el contacto con extraños.
Organizaciones sociales y líderes comunitarios han insistido en la necesidad de políticas de prevención que acompañen la acción represiva del Estado. El traslado de unidades militares y policiales, advierten, no basta para frenar la espiral de violencia si no se fortalecen programas de protección a víctimas de extorsión, se atiende el desplazamiento forzado y se garantizan condiciones mínimas de seguridad en los barrios.
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