Tras haber mantenido un perfil bajo durante los últimos años, la ex canciller de Bolivia, Karen Longaric, emitió declaraciones públicas y solicitó que la Fiscalía General del Estado dicte de oficio el sobreseimiento de los procesos en su contra, al considerar que se trata de casos sin sustento legal y usados como instrumentos de persecución judicial.
“He pedido a mis abogados que puedan revisar los casos que se me siguen y aún no han avanzado, porque efectivamente no hay materia justiciable ni argumentación jurídica sólida”, afirmó la ex funcionaria. “Los fiscales, cuando son conscientes que se trata un tema de persecución, deberían dictar sobreseimiento y hacerlo de oficio”, añadió en una entrevista con Unitel.
Longaric, que ocupó el cargo durante un año en el Gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020) se dieron a raíz del pronunciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien aseguró que en Bolivia se restableció el Estado de derecho y convocó a los exiliados políticos a retornar al país.
La ex canciller salió de Bolivia por “la inclemente persecución judicial” que afirma haber sufrido por parte del Gobierno de Luis Arce y radica desde hace cuatro años en Berlín, Alemania. En una entrevista con Radio El Deber, Longaric informó que enfrenta tres procesos judiciales y otros administrativos por su gestión como ministra de Relaciones Exteriores, entre los que se incluyen acusaciones por los delitos de resoluciones contrarias a la ley, nombramientos ilegales y legitimación de ganancias ilícitas.
Los casos tienen que ver con supuestas irregularidades en el escalafón diplomático, la promoción de un juez en el Tribunal Andino y presuntos retiros de dinero en el extranjero. La ex funcionaria considera que estos cargos son parte de la persecución política del Gobierno contra la oposición y afirmó que su gestión ha sido transparente.
Longaric manifestó que realizó denuncias internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, entre otras instancias.
La semana pasada, los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari fueron liberados de la detención preventiva que cumplían desde hace casi tres y cuatro años respectivamente, y también se emitieron fallos favorables a la ex presidenta Añez, quien además apeló una sentencia de diez años en su contra y podría quedar en libertad. Estas resoluciones responden a un instructivo de Saucedo, presidente del TSJ, que ordenó a los tribunales locales revisar los plazos de detención de los líderes opositores.
El giro en las decisiones judiciales generó tanto opiniones divididas. Mientras sectores de la oposición los celebran como un acto de reparación institucional, el oficialismo cuestiona la imparcialidad de los fallos. El entorno del ex presidente Morales anunció protestas y el Gobierno de Arce apeló las determinaciones judiciales.
Por otro lado, algunos juristas y analistas políticos, consideran que los fallos que benefician a los líderes de la oposición, responden a la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 17 de agosto y que son una prueba más del largo sometimiento de la justicia al poder de turno.
“He escuchado con mucha esperanza las declaraciones de Romer Saucedo, de que nos permita salir de la etapa de oscurantismo del poder judicial en Bolivia”, destacó Longaric consultada sobre la posibilidad de retornar al país tras su llamado. “Quiero volver, quiero retomar mi vida profesional, lo haré en el momento en el que me vea liberada de todos estos procesos que no tienen sustento jurídico”, afirmó.
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