Por cuarta vez en el año, la dictadura de Daniel Ortega reformó la Constitución de Nicaragua para afianzar su control sobre el presupuesto

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves una nueva reforma parcial a la Constitución Política, la cuarta en lo que va del año y todas promovidas por el Ejecutivo liderado por el dictador Daniel Ortega y su copresidenta Rosario Murillo, según el texto difundido por el parlamento nicaragüense. Esta enmienda constitucional recibió el aval unánime de los legisladores oficialistas de manera expedita.

La reforma establece sanciones específicas para los servidores públicos que no ejecuten una gestión responsable de los fondos y bienes del Estado. El texto aprobado establece que “las y los funcionarios públicos elegidos directa e indirectamente y los nombrados por Presidencia de la República deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado”. El incumplimiento de esta disposición será causal inmediata y suficiente para su remoción y podrán imponerse responsabilidades administrativas, civiles y penales, de acuerdo a lo estipulado en la legislación nacional. Para su entrada en vigor, la reforma requiere una segunda aprobación en la próxima legislatura.

La motivación principal de la modificación constitucional se enmarca, según el Parlamento, en “la lucha permanente contra la corrupción que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el uso eficiente y transparente de los bienes del Estado y los recursos del pueblo nicaragüense”. El órgano legislativo remarcó que el lema es “Todos contra la corrupción”.

Durante el debate, diputados del partido gubernamental afirmaron que esta reforma está alineada con la reciente creación de la Procuraduría General de Justicia, establecida el pasado 6 de agosto. Esta nueva entidad agrupa a todos los órganos de la actual Procuraduría General de la República, absorbe el Ministerio Público y suma a otros organismos que cumplen funciones similares, bajo el objetivo de fortalecer la defensa legal de los intereses del Estado y del pueblo nicaragüense.

La Procuraduría General de Justicia será la encargada de resguardar el patrimonio público y combatir “todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución”, según el texto parlamentario. Esta institución ejercerá la función acusadora ante los tribunales, en representación de las víctimas de delitos, incluyendo delitos de lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado.

Asimismo, la nueva Procuraduría tendrá la responsabilidad de identificar, perseguir y procesar a cualquier persona responsable de actos que perjudiquen el patrimonio económico, natural, cultural, material, político o jurídico del país. El texto subraya que no se permitirá “el encubrimiento de intereses ajenos a nuestro pueblo, para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo”. Esta reforma a la Constitución que crea la Procuraduría General de Justicia aguardará su ratificación en una segunda legislatura en 2025.

La Asamblea Nacional también aprobó una enmienda que establece por primera vez en el país la posibilidad de contar con dos jefes al frente de la Policía Nacional, de manera similar a la situación institucional que mantiene desde febrero, cuando Nicaragua también pasó a tener dos presidentes. La designación de dos jefes policiales quedará en manos de Ortega y Murillo, tras la ratificación de la medida por el Congreso prevista para 2026.

El director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial y sancionado por las autoridades de Estados Unidos, declaró que esta modificación permitirá mayor eficiencia en el combate contra el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas y armas, así como el ciberdelito y el lavado de dinero. Díaz argumentó que la reforma contribuirá a “fortalecer y proteger la paz”. Por su parte, Murillo explicó que la estrategia de dos jefes policiales permitirá una mejor distribución de las funciones en la cobertura de la seguridad pública.

Algunos medios nicaragüenses editados en el exilio observaron que la medida podría reducir la autoridad de Díaz. El diario La Prensa expresó que con la reforma, el director de la Policía podría convertirse en un “jefe decorativo”.

Un informe reciente del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua identificó por primera vez en abril a 54 altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Ortega, Murillo, militares, policías, magistrados y diputados, como responsables de graves violaciones de derechos humanos y una represión sistemática. Dentro de ese diagnóstico se incluyó a Díaz, quien asumió la jefatura policial en 2018 en un contexto de protestas que el gobierno calificó como un intento de golpe de Estado instigado por Washington. Según la ONU, la represión de esas manifestaciones dejó más de 300 personas fallecidas.

Ortega, quien lideró la revolución sandinista en la década de 1980, ocupa el poder de modo ininterrumpido desde 2007. Organizaciones de la sociedad civil y analistas en el exilio lo acusan de consolidar una “dictadura familiar” junto a Murillo. La Asamblea Nacional nicaragüense continúa avanzando en reformas institucionales de profundo alcance político, jurídico y administrativo, promovidas y respaldadas por la cúpula gobernante.

(Con información de AFP y EFE)