El Gobierno de Bolivia apeló la decisión judicial que favoreció a los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, quienes cumplían detención preventiva por los hechos relacionados con la caída del Gobierno de Evo Morales en 2019, un caso que se ha denominado “Golpe de Estado I”.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó este miércoles la determinación del Gobierno. “Se han presentado las apelaciones pertinentes, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución (…). La justicia para las víctimas es una deuda pendiente del Estado”, manifestó Saravia en referencia a las víctimas de dos masacres ocurridas durante el Gobierno interino de Jeanine Añez.
Si bien las acusaciones contra Camacho y Pumari no guardan relación con esos hechos, Saravia manifestó que es responsabilidad de los órganos del Estado garantizar justicia en casos relacionados con derechos humanos y calificó de “preocupantes” los fallos.
El martes, un tribunal de La Paz dispuso la liberación plena de Pumari y el arresto domiciliario de Camacho, con derecho laboral. Ambos líderes políticos estaban encarcelados desde hace casi cuatro y tres años respectivamente, bajo detención domiciliaria en un tiempo que excede al plazo establecido por ley.
Las resoluciones judiciales responden a la instrucción que emitió el Tribunal Supremo de Justicia el viernes pasado, que ordenó la revisión “inmediata” del cumplimiento de plazos procesales en sus detenciones y la de la ex presidenta Añez, quien además de enfrentar varios juicios cumple una sentencia de diez años en una cárcel de La Paz.
La medida provocó molestia dentro de al menos tres centros penitenciarios del país, donde reclusos preventivos pidieron recibir el mismo trato. “La justicia boliviana ha actuado de manera selectiva y discriminatoria, otorgando beneficios y ventajas indebidas a estos tres procesados, mientras miles de personas permanecemos en el abandono absoluto. Exigimos la igualdad ante la ley”, señala un comunicado emitido por los internos del penal de Villa Bush, en Pando, al norte del país.
La liberación de ambos políticos y las resoluciones a favor de Añez, a quien se le anuló un juicio ordinario para promover otro de responsabilidades exclusivo para ex mandatarios, abrió el debate en torno a la crisis política de 2019 y avivó la polarización.
Mientras actores de oposición celebran el fallo y lo consideran un acto de justicia, el oficialismo y sectores afines al ex presidente Morales, manifestaron su rechazo. Dirigentes sociales cercanos al evismo incluso anunciaron protestas y movilizaciones si se ejecuta la liberación de los tres políticos.
De acuerdo a reportes de prensa local, en el caso de Pumari y Camacho solo quedan pendientes trámites administrativos y la emisión del mandamiento, que podría concretarse antes del fin de semana.
Para algunos analistas, el fallo es una muestra más de la falta de independencia de la justicia que se subordina a los intereses del poder ejecutivo. El consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, explicó a Infobae que la eventual liberación de los tres actores políticos -que fueron un ícono del dominio oficialista en el último quinquenio- materializa el derrumbe político del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Es la materialización del derrumbe electoral y político del masismo, que ya ha perdido el control de los poderes del Estado”, apunto. “Es un cambio de inclinación de los poderes fácticos del Estado hacia lo que es el nuevo poder constituído en la elección, que va ser opositor al MAS”, explicó.
Saavedra considera que la justicia históricamente ha sido una especie de “brazo operativo” para el poder de turno y que urge realizar una reforma estructural que garantice independencia y transparencia. “Ha sucedido con Evo, Jeanine, Luis Arce y la reflexión es que urge una reforma de la justicia para que deje de ser el látigo con el que se castiga al opositor”, sostuvo.
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