El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, concedió el miércoles un plazo de 48 horas a la defensa del ex presidente Jair Bolsonaro para que explique el “incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga”.
La decisión judicial surge en el contexto del proceso penal contra el ex mandatario, acusado de intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
El requerimiento se dictó después de que la Policía Federal encontrara en uno de los celulares de Bolsonaro incautados un “documento de 33 páginas” cuya finalidad era solicitar asilo político al gobierno argentino de Javier Milei. El texto, sin fecha ni firma, pero dirigido al presidente argentino, permanecía en el teléfono de Bolsonaro desde 2024, año en que comenzó la investigación por el caso de intento de golpe de Estado.
Según la investigación, los elementos reunidos señalan que Bolsonaro, bajo régimen de prisión domiciliaria, “tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación”. Además, en el escrito, el ex mandatario sostiene que sufre “persecución por motivos y por delitos esencialmente políticos” y alega que vive bajo medidas cautelares desde entonces.
Las autoridades consideran que la autora del archivo con el pedido de asilo sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente. De Moraes incluyó en su resolución que la Policía identificó también “el reiterado incumplimiento” de Bolsonaro a la medida cautelar que prohíbe el uso de sus redes sociales.
Estos hechos integran las conclusiones de la investigación que abarca al propio ex mandatario y a otro de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, por actos de coacción contra el Supremo Tribunal Federal en el juicio por golpismo.
La Policía sostiene que ambos intentaron interferir en el proceso, lo que podría configurar los delitos de coacción y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción de los poderes constitucionales.
De acuerdo con las autoridades, Bolsonaro y su hijo Eduardo, radicado en Estados Unidos desde hace unos seis meses, buscaron “inducir, instigar y ayudar” al gobierno estadounidense de Donald Trump a realizar actos hostiles contra Brasil para lograr el archivamiento de la causa judicial contra el ex mandatario.
Bolsonaro enfrenta un juicio penal ante el Supremo por presuntamente liderar una conspiración con el objetivo de mantenerse en el poder e impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva después de perder las elecciones generales. De acuerdo con la causa, la instrucción del proceso penal se encuentra en una fase avanzada.
EEUU advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes
El Departamento de Estado de Estados Unidos endureció el lunes su posición en la disputa abierta con Brasil en torno al juez Alexandre de Moraes. A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió que “ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones de Estados Unidos, ni salvar a nadie de las graves consecuencias de violarlas”.
En el mismo mensaje, publicado en X, la oficina añadió: “Alexandre de Moraes es tóxico para todas las empresas legítimas e individuos que buscan acceder a los Estados Unidos y a sus mercados. Personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con él, y personas que no son estadounidenses deben actuar con cautela: quienes brinden apoyo material a violadores de derechos humanos enfrentan riesgo de sanciones”.
Con esa advertencia, Washington buscó dejar en claro que sus sanciones tienen efectos extraterritoriales y que el fallo emitido horas antes por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil no altera el alcance de la legislación estadounidense.
(Con información de EFE)
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