El exministro del Interior de Ecuador durante el correísmo, José Serrano, fue oficialmente señalado por la Fiscalía General del Estado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La imputación marca un giro dramático en el proceso judicial sobre el magnicidio que conmocionó al país en agosto de 2023, y ha situado nuevamente al correísmo en el centro del debate público y judicial nacional e internacional.
La Fiscalía ecuatoriana solicitó al juez de la causa que convoque a Serrano a una audiencia de formulación de cargos, junto a otros tres implicados: Xavier Jordán, empresario radicado en Estados Unidos; Ronny Aleaga, exasambleísta correísta prófugo y refugiado en Venezuela; y Daniel Salcedo, condenado por corrupción y delincuencia organizada. De acuerdo con el Ministerio Público, esta solicitud se sustenta en una investigación “minuciosa” y respaldada por “sólidos elementos” que apuntan a la presunta responsabilidad de los cuatro en la planificación del crimen.
Serrano fue arrestado el 7 de agosto pasado en Miami por autoridades migratorias estadounidenses. Desde entonces, permanece en el Centro de Procesamiento Krome, bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a la espera de una audiencia migratoria que ha sido diferida hasta el 25 de agosto. Aunque se desconocen las causas exactas de su detención, versiones no oficiales han vinculado el hecho a una infracción de tránsito o a su estatus migratorio irregular, ya que habría solicitado asilo político en Estados Unidos.
En Ecuador, Serrano no enfrenta actualmente procesos penales activos ni mantiene medidas cautelares en su contra. Sin embargo, su nombre apareció en una notificación de la Fiscalía enviada a mediados de 2025, en la que también se incluyó a Jorge Glas, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. La notificación indicaba que todos ellos serían parte de una investigación previa sobre la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio.
Uno de los elementos más controversiales en la construcción de esta acusación es el testimonio de Daniel Salcedo, quien afirmó haber sido víctima de un intento de asesinato en la cárcel de Riobamba en junio. Salcedo declaró que sus atacantes le mencionaron que “Pepe les manda saludos”, en aparente alusión a José Serrano. Tras el ataque, Salcedo anunció que revelaría todo lo que sabe, lo cual habría motivado su traslado y el de su hermano Noé a una cárcel de máxima seguridad en Quito.
Serrano ha calificado las acusaciones en su contra como un “burdo montaje”. En un comunicado publicado el 25 de junio en su cuenta de X, el exministro negó cualquier vínculo con el asesinato de Villavicencio y denunció que detrás de las imputaciones existiría un intento por encubrir a los verdaderos responsables. Afirmó además que sectores del Estado supuestamente infiltrados por el crimen organizado —entre ellos, un grupo financiero y un socio de Salcedo— estarían interesados en involucrarlo.
La acusación contra Serrano se produce en un contexto en que la Fiscalía ecuatoriana ha buscado avanzar en las responsabilidades de alto nivel en torno al crimen de Villavicencio. Aunque varios de los autores materiales ya fueron condenados, la etapa actual del proceso busca identificar a quienes habrían ordenado el ataque.
La familia de Fernando Villavicencio, por su parte, ha respaldado las nuevas diligencias. Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, manifestó que este llamado a audiencia de formulación de cargos “responde a las investigaciones que hemos realizado” y que se alinea con las conversaciones de los grupos criminales con Leandro Norero, el narcotraficante asesinado en prisión y considerado pieza clave en las redes de poder implicadas en el caso.
Si se confirma la participación de José Serrano y los demás imputados en la autoría intelectual del asesinato, el proceso judicial podría convertirse en un hito para la justicia ecuatoriana. La audiencia del próximo lunes en Estados Unidos será determinante para conocer si, además de la imputación en Ecuador, se avanzará en procesos paralelos en la jurisdicción norteamericana.
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