El Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación militar en el sector de Río Punino, parroquia San José de Guayusa, cantón Francisco de Orellana, que culminó con la destrucción de un campamento utilizado para actividades de minería ilegal. La operación sucedió a unos 140 kilómetros de Quito.
Durante el registro del área, los uniformados hallaron e inutilizaron una retroexcavadora, 53 canecas con aproximadamente 400 galones de combustible, un clasificador tipo Z, dos motores de agua, equipos y herramientas empleados en la minería ilegal, así como ocho colchones, utensilios de cocina industrial, gas y comestibles.
El Ejército informó que la infraestructura del campamento fue destruida para evitar su reutilización. Según la institución castrense, estas acciones buscan afectar directamente a las economías criminales que dependen de la explotación ilícita de recursos naturales, un delito que además de dañar el medioambiente, suele financiar otras actividades ilegales.
El procedimiento fue realizado por personal del Batallón de Operaciones Especiales en Selva N.º 54 “Capitán Calles”, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, como parte de los esfuerzos estatales para frenar la extracción ilícita de minerales en la Amazonía ecuatoriana.
Las imágenes difundidas por el Ejército muestran a los soldados ingresando a la zona, destruyendo equipos y prendiendo fuego a parte de la maquinaria improvisada. El lugar estaba acondicionado para albergar a decenas de personas dedicadas a la extracción ilegal, lo que evidencia la organización logística detrás de este tipo de operaciones clandestinas. La institución señaló que los materiales incautados fueron entregados a las autoridades competentes para su judicialización.
La minería ilegal en Ecuador se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad y medioambiente en los últimos años. Según datos oficiales, las provincias amazónicas como Napo, Orellana y Sucumbíos, así como zonas andinas de Azuay, Bolívar y Zamora Chinchipe, concentran gran parte de las operaciones ilícitas. En la Amazonía, el impacto es especialmente grave: los ríos son contaminados con mercurio y combustibles, lo que afecta a comunidades indígenas y campesinas que dependen de esas fuentes de agua para subsistir.
Organizaciones ambientales han advertido que la deforestación causada por la minería, sumada a la pérdida de biodiversidad y a la alteración de los cauces de los ríos, está generando daños irreversibles en el ecosistema amazónico.
De acuerdo con informes del Ministerio del Interior, la minería ilegal está estrechamente ligada a estructuras de delincuencia organizada transnacional, que utilizan la extracción y comercialización clandestina de oro para lavar dinero y financiar actividades como el narcotráfico. Esta interconexión convierte al fenómeno en un desafío no solo ambiental, sino también de seguridad nacional. Las operaciones militares y policiales contra la minería ilícita han aumentado desde 2023, pero su expansión refleja la capacidad de estas redes para desplazarse y reorganizarse en zonas de difícil acceso.
El operativo en Orellana se suma a otras acciones recientes en la región amazónica. El mismo día, en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, la Brigada de Selva N.º 19 Napo, junto con el Batallón de Selva N.º 56 Tungurahua, ejecutó otra intervención en la que fueron aprehendidos tres ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados con la minería ilegal. En esa incursión se decomisaron bombas de succión, mangueras, combustible, herramientas e insumos utilizados para la extracción ilícita. Estas acciones coordinadas reflejan el carácter transfronterizo y multinacional del problema, dado que en muchos casos los trabajadores y operadores provienen de otros países de la región.
El Ejército Ecuatoriano ha reiterado que mantendrá de manera permanente estas operaciones, en cumplimiento de su misión constitucional de proteger la soberanía e integridad territorial, así como los derechos y garantías de los ciudadanos. No obstante, especialistas en temas ambientales y de seguridad han advertido que la solución no puede ser únicamente militar, ya que la minería ilegal responde también a factores socioeconómicos, como la falta de empleo y oportunidades en comunidades rurales. En varios cantones amazónicos, la extracción ilícita es vista como una fuente inmediata de ingresos, lo que dificulta su erradicación.
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