La Policía de Investigaciones (PDI) y el Gobierno de Gabriel Boric reafirmaron su tesis de que el secuestro y crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda fue un “hecho político” tras la reciente captura del “Gordo Alex”, líder de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua, señalado como uno de los autores materiales del hecho ocurrido a fines de febrero de 2024.
Cabe recordar que Ojeda fue plagiado por sujetos disfrazados de policías y con acento caribeño desde su departamento ubicado en la comuna santiaguina de Independencia, a fines de febrero de 2024. Días después, su cuerpo fue hallado al interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en un campamento irregular en la comuna de Maipú.
Este jueves, en un punto de prensa, el fiscal ECOH Metropolitano, Héctor Barros, aseguró que “nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político“, tal como sostuvo a inicios de este año su jefe, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien indicó que “hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”.
“Al Tren de Aragua tenemos que verlo como una organización que comete no solo un tipo de delito o no se especializa en solo un delito, se especializa en la trata de personas, en la explotación sexual, en el tráfico de drogas, en los secuestros y en los homicidios”, agregó el persecutor.
El perfil del “Gordo Alex”
Por su parte el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el trabajo de las policías y el Ministerio Público en la captura del “Gordo Alex” la madrugada de este jueves, en la comuna de Estación Central, durante un allanamiento realizado en el marco de otra causa relacionada con el secuestro de un empresario el pasado 7 de agosto.
“El perfil de esta persona es muy relevante para explicar la forma y modo en que se cometió ese crimen (...) hemos tenido casos de secuestro con homicidios y en los cuales han participado organizaciones similares a estas. Pero de la forma y estructura en cómo se ejecutó, la logística que se utilizó, los medios que tenían a su disposición, no tenemos un caso similar a este”, agregó.
Según la autoridad, el gobierno chileno respalda la tesis de un crimen político del fiscal Barros, toda vez que el malogrado exmilitar era buscado por el régimen de Maduro.
“Por cada sujeto que ha cometido un crimen en el país o ha sido un autor intelectual sin haber puesto un pie en Chile, nosotros hemos solicitado como Estado las respectivas extradiciones”, agregó.
Finalmente, recordó que bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua “una vez que se desbaratan, se rearticulan en estructuras de menor experiencia”.
Las indagatorias por el secuestro y homicidio del ex militar han deteriorado las relaciones entre Chile y Venezuela. La dictadura venezolana evidenció la ruptura entre ambos países y solicitó el cierre de los dos consulados chilenos en el país caribeño “como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas” entre Santiago y Caracas.
Sin embargo, en la práctica, los vínculos estaban rotos desde agosto del año pasado, cuando Maduro ordenó la salida de la diplomacia y cerró la embajada chilena en Venezuela después de que Boric calificara de fraudulentas las elecciones del 28 de julio de 2024.
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