El régimen de Nicaragua promulgó una ley fronteriza que abre las puertas a una confiscación masiva

Una nueva ley aprobada este martes por unanimidad en la Asamblea Nacional de Nicaragua ha desatado una ola de preocupación y denuncias por lo que analistas, opositores y juristas califican como una “confiscación masiva” sin precedentes.

La “Ley de Territorio Fronterizo” declara propiedad del Estado toda franja de tierra ubicada a menos de 15 kilómetros de las fronteras nacionales, afectando más de 18,000 kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo viviendas, pueblos, fincas, playas y zonas protegidas.

“Se define y establece como Territorio Fronterizo el área de territorio nacional, comprendida desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros. hacia el interior del territorio nacional”, señala el artículo 1 de la ley, aprobada de forma exprés y por unanimidad en el parlamento, dominado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“El robo de hoy (martes 5 de agosto) que pasa al Estado unos 18 mil kilómetros cuadrados (aproximadamente 1.230 kilómetros de fronteras por 15 de ancho) constituye la mayor confiscación en un solo día en la historia de Nicaragua. Tendrá efectos devastadores en los derechos de propiedad y las inversiones”, advirtió el opositor y ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, a través de su cuenta en X.

La nueva legislación, además de adjudicar la propiedad de estas zonas al Estado, coloca su resguardo bajo control del Ejército de Nicaragua. Suprime la normativa anterior que reconocía derechos de propiedad, especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, y que establecía zonas de desarrollo y protección diferenciadas.

Ahora, no hay distinción entre pobladores nacionales, extranjeros, comunidades o propietarios privados: todo dentro de los 15 kilómetros ha sido automáticamente estatizado.

Chamorro advirtió que esta medida afecta comunidades enteras como San Carlos, El Castillo, Sapoa, San Juan de Nicaragua, Cárdenas, Somotillo, Waspam, Jalapa, entre otros, donde hay viviendas, iglesias, granjas camaroneras, plantaciones agrícolas y proyectos turísticos.

“Esto va a tener un impacto negativo en el precio de las propiedades y en la inversión. Nadie va a comprar una propiedad que ya no es del dueño, que ha sido confiscada por decreto”, dijo.

La Unidad Nacional Azul y Blanco, por su parte, denunció que esta ley afecta directamente a al menos 27 municipios y representa una nueva muestra de la inseguridad jurídica en el país.

A nivel ambiental, el impacto también es alarmante. Amaru Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río, señaló que la nueva normativa busca facilitar concesiones mineras en zonas protegidas. Recordó que recientemente el régimen entregó tres concesiones a la empresa china Thomas Metal en áreas cercanas a la frontera con Costa Rica, lo que hasta ahora estaba prohibido.

Desde el oficialismo, sin embargo, se intenta justificar la medida con el argumento de combatir el crimen organizado. “La nueva ley define con claridad el resguardo de nuestra frontera para evitar las transacciones ilícitas que internacionalmente comete el crimen organizado”, dijo el diputado sandinista Edwin Castro durante la sesión parlamentaria.

Agregó que los pobladores “no se verán afectados”, pero sin explicar cómo podrían conservar su propiedad si esta ya ha sido declarada estatal.

Pero la zozobra ya se ha instalado entre los miles de habitantes que viven en esas franjas fronterizas. Propietarios de casas, fincas y comercios han quedado en una incertidumbre legal total, sin claridad sobre si podrán seguir habitando sus propiedades, venderlas, heredarlas o acceder a crédito sobre ellas. En la práctica, todo queda congelado o a merced del Ejército.

“Esto es una confiscación sin precedentes. Están inmovilizadas las propiedades. Si hay una motivación de robarse propiedades, aunque alguna se les escape, ya no se podrá vender”, denunció Chamorro.

Más allá de los efectos inmediatos en la tenencia de tierras, el golpe de fondo es a la estabilidad jurídica y a la confianza para invertir o residir en Nicaragua. “Solo en democracia habrá plena seguridad jurídica para todos”, afirmó la Unidad Nacional.

La “Gran Confiscación”, como la ha llamado la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, podría ser una de las medidas más agresivas de control territorial emprendidas por el régimen Ortega Murillo, en lo que analistas vinculan a una creciente paranoia militarista impulsada por Rosario Murillo.

Para Téllez, se trata de una maniobra para apropiarse de tierras valiosas: “Si estás viviendo a menos de 15 kilómetros de la frontera, tu propiedad, cualquiera que sea, es ahora del Estado”, dijo. Y preguntó: “¿Quiénes serán los beneficiados?”.