Ecuador alista una reforma penitenciaria con 10.000 nuevos funcionarios para retomar el control de las cárceles

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció una transformación estructural del sistema penitenciario del país que implicará un proceso de reformas para que el Estado retome el control de las cárceles y libere a las fuerzas del orden de tareas no misionales. Una de las principales medidas será la incorporación de 10.000 nuevos funcionarios para fortalecer la administración del sistema carcelario, especialmente exuniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo.

Durante una entrevista con FM Mundo el 31 de julio de 2025, Reimberg detalló que esta iniciativa busca profesionalizar la administración penitenciaria, reducir la dependencia operativa de policías y militares en servicio activo, y reforzar la seguridad ciudadana. El nuevo personal será capacitado para tomar el control administrativo y operativo del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que actualmente enfrenta serias limitaciones estructurales.

La reforma, según explicó el ministro, permitirá que los policías y militares activos retornen progresivamente a sus funciones originales en tareas de patrullaje, investigación y lucha directa contra el crimen organizado. Reimberg aseguró que el objetivo es construir una nueva institucionalidad para el sistema penitenciario, que sea capaz de sostenerse con recursos humanos especializados y que responda a una lógica profesional y no improvisada.

“El SNAI será transformado en una entidad profesional, con funcionarios capacitados y decisiones correctas en la administración de todas las cárceles del país”, afirmó. En ese marco, destacó que ya se están evaluando perfiles de exuniformados que cumplan con requisitos técnicos, conocimientos en seguridad y capacidad operativa. Se prevé que el proceso de vinculación y formación se realice en etapas, priorizando los centros de privación de libertad más conflictivos.

La decisión llega en medio de un contexto nacional marcado por la violencia carcelaria, el hacinamiento, la corrupción interna y la penetración de bandas criminales dentro del sistema penitenciario. Aunque el gobierno ha reforzado el control con operativos del llamado Bloque de Seguridad —integrado por policías y militares—, Reimberg reconoció que esta solución no puede sostenerse indefinidamente.

El ministro también sostuvo que es fundamental que el sistema judicial actúe en coherencia con el trabajo del Ejecutivo. “Hoy es más difícil que el sistema judicial deje a los delincuentes libres”, aseguró, tras denunciar que en el pasado varios jueces y fiscales habrían favorecido a criminales. Según Reimberg, el Gobierno ha expuesto con nombre y apellido a quienes habrían tomado decisiones en contra del interés ciudadano, y defendió que actualmente hay más rigor judicial para evitar impunidad.

Desde la administración Noboa, el discurso oficial insiste en que existe una “guerra frontal contra el crimen organizado”, y que esta batalla debe librarse no solo con fuerza pública, sino con estructuras funcionales en todos los niveles del Estado. En ese sentido, Reimberg afirmó: “Estamos en una guerra decidida y comprobada. Todos los días luchamos contra el crimen organizado”.

La iniciativa también pretende evitar que se repita la experiencia fallida de colocar a civiles sin preparación al frente del sistema penitenciario. Además, esta reforma coincide con la adscripción del servicio de cárceles al Ministerio de Gobierno, como anunció el Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno ha planteado otras reformas institucionales, incluidas nuevas fusiones ministeriales, despidos masivos en el sector público y ajustes presupuestarios. La reforma penitenciaria se presenta, en este contexto, como uno de los ejes prioritarios para recuperar la gobernabilidad en un entorno dominado por la violencia y la desconfianza ciudadana.

De concretarse en los términos propuestos, la incorporación de los 10.000 nuevos funcionarios podría redefinir el rol del Estado en el sistema penitenciario y representar un paso estratégico en el control territorial de los centros de privación de libertad, que en los últimos años han sido escenarios de motines, asesinatos, fugas y pactos entre bandas.