
La dirigente política Ruth Nina, aliada del expresidente de Bolivia Evo Morales, fue detenida este jueves tras declarar ante la Fiscalía dentro de una investigación en su contra por amenazar con que en las elecciones generales de agosto se contarán “muertos” y no votos si el exgobernante no es candidato.
Nina se presentó a declarar en la Fiscalía Departamental en la región central de Cochabamba y después de casi dos horas, su abogado defensor, Manuel Mariscal, confirmó a los medios que se dispuso su aprehensión y que la dirigente fue trasladada “a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc)”.
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“Vamos a esperar la audiencia de medidas cautelares para tratar de lograr su libertad y que pueda defenderse en libertad de este proceso que es de carácter netamente político, que es armado”, dijo Mariscal.
Nina, que representa al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), sostuvo hace dos semanas durante una reunión de afines a Morales (2006-2019) que “el 17 de agosto no puede haber una elección sin la participación de la clase popular”, ni sin “un candidato que el pueblo boliviano ha elegido, como es el hermano Evo Morales”.
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“Ese día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno, en vez de contar votos, va a contar muertos, eso va a pasar si atentan contra nuestras comunidades indígenas, si nos obligan a querer votar por aquellos (los candidatos de otros partidos)”, sostuvo la dirigente, cuyo partido tiene un acuerdo electoral con Morales.

Morales tenía la intención de inscribir su candidatura presidencial con la sigla de Pan-Bol, pero ese partido no está habilitado para las elecciones del 17 de agosto porque perdió su personalidad jurídica a principios de mayo, debido a que en los comicios de 2020 no alcanzó el 3 % de los votos exigidos por la legislación boliviana.
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Además, el ex presidente, que gobernó Bolivia en tres ocasiones, no tiene partido y no puede ser candidato por una disposición constitucional que señala que la reelección en el país es “por una única vez” y sin posibilidad de un tercer mandato.
El abogado de Nina sostuvo que hubo un “abuso de autoridad” en contra de su defendida y justificó que hizo uso de su derecho a la “libre expresión”.
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Según Mariscal, sus declaraciones, aunque son “polémicas”, “no pueden constituirse en un delito”.
“Quienes han cometido el delito de propagar una situación de amenaza y hacer sentir zozobra a la población son las redes sociales y los políticos que han utilizado esta frase precisamente para poder poner en amenaza a la población, no la señora Ruth Nina”, opinó.
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Por su parte, Morales criticó en sus redes sociales que Nina fuera “injustamente” aprehendida y sostuvo que “esta no es una justicia imparcial, es una justicia sometida y utilizada como brazo represivo del Gobierno”.
El Gobierno de Luis Arce, que está distanciado de Morales, pidió la semana pasada a los órganos Electoral y Judicial que se siente un “precedente” mediante una denuncia penal conjunta contra Nina al considerar que sus declaraciones fueron una instigación pública a delinquir, entre otros delitos.
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Los sectores afines al también ex líder del oficialismo han advertido varias veces con que impedirán la realización de los comicios si no se permite postular a Morales y, entre otras medidas, bloquearon carreteras en algunas regiones en junio para exigir la inscripción de su candidatura.
Nueve organizaciones políticas participan en las elecciones generales del 17 de agosto, en las que los bolivianos elegirán a su presidente, vicepresidente y renovarán al Parlamento nacional para el próximo quinquenio.
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(Con información de EFE)
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