Diferentes organizaciones de choferes en Bolivia están en emergencia ante la persistente escasez de diésel, que ha provocado la reducción de las operaciones de sectores estratégicos como el transporte interdepartamental. En ese marco, la Federación Andina de Choferes de El Alto, la populosa ciudad que colinda con La Paz, dio un plazo de 48 horas al Gobierno de Luis Arce para que convoque al sector y resuelva la crisis de carburantes.
El dirigente Reynaldo Loza advirtió que de no atender esta solicitud, pedirán la renuncia de funcionarios del Gobierno y de la estatal petrolera. “Es un ultimátum de 48 horas, en caso contrario nosotros vamos a pedir que dejen de ser autoridades esos ministros, ese presidente de Yacimientos (Petrolíferos Fiscales Bolivianos)”, expresó Loza este lunes ante los medios locales.
Los sindicatos de La Paz y Santa Cruz también están en alerta por el desabastecimiento. El fin de semana, representantes sindicales de la sede de Gobierno plantearon un paro nacional y solicitaron a los dirigentes nacionales una reunión en la que se definirán las medidas de presión. De igual forma, la organización del transporte pesado en Santa Cruz convocó a una reunión a sus afiliados este jueves para analizar la situación.
Frente a los anuncios de protestas, el gerente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, anunció que convocará a los transportistas para tratar la escasez. “Hay sectores que están solicitando combustible y conforme la disponibilidad que se tenga vamos a ir atendiendo”, afirmó Jiménez en contacto con medios de comunicación.
Según las diferentes organizaciones, la falta de combustible ha reducido a más de la mitad sus operaciones. Los dirigentes del transporte público de Santa Cruz señalan que desde hace semanas solo operan con el 40 % de los buses, ya que el resto debe hacer filas en los surtidores para abastecerse de diésel. La situación de empresas de buses interdepartamentales es aún más crítica, según los dirigentes del sector solo entre el 10% y el 15% de las unidades operan cada día.
Pese al perjuicio que genera, la escasez de combustible está lejos de resolverse. A la baja producción local y la dependencia de las importaciones, se suma la subvención estatal de los carburantes y la crisis financiera que enfrenta el país, marcada por una aguda escasez de divisas.
A inicios de este mes, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, admitió que no contaba con los recursos económicos para aumentar el suministro. “Estamos despachando 100% en diésel y gasolina, no podemos hacer los sobre despachos que serían necesarios para reducir de manera más eficiente las filas pero no contamos con los recursos económicos que nos asigna el Ministerio de Economía y el Banco Central”, explicó el funcionario en una entrevista en radio El Deber.
El presidente de la petrolera estatal indicó que por semana le asignan entre 55 y 60 millones de dólares, pero que para superar la crisis actual necesitarían alrededor de 63 millones de dólares, un monto 12% más alto que los 56 millones de dólares semanales que se ha fijado en el Presupuesto General del Estado de esta gestión.
En 2024 Bolivia destinó aproximadamente 3 349 millones de dólares a la importación de gasolina y diésel para cubrir la demanda interna.
En la recta final de su mandato, el presidente Luis Arce volvió a responsabilizar a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la profundización de la crisis económica marcada por la escasez de dólares, el incremento en el precio de los alimentos y la falta de combustible. En un acto público este lunes en La Paz, el mandatario lamentó el estancamiento de créditos externos en el Legislativo. “Los culpables están allá sentados en la Asamblea Legislativa, porque no aprueban los créditos, porque nos quieren hacer quedar mal ante el pueblo diciendo que no sabemos hacer nada, diciendo que no podemos trabajar”, manifestó.
La crisis financiera y la falta de combustibles se han convertido en el eje decisivo de la actual campaña electoral, de cara a los comicios del 17 de agosto. La oposición presenta propuestas de cambio estructural, mientras que el oficialismo defiende su modelo pese al creciente descontento social y la división interna del partido.
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