Uruguay presenta nuevos proyectos para el agua potable tras descartar megaobra de Lacalle Pou

El gobierno de Yamandú Orsi anunció la construcción de una planta potabilizadora de agua en Aguas Corrientes –sobre el Río Santa Lucía– y otra en Solís Chico, en la zona de los balnearios de la costa de Canelones.

La decisión muestra un cambio de rumbo respecto a una megaobra impulsada durante la gestión del ex presidente Luis Lacalle Pou, quien promovía la construcción de una planta pero sobre el Río de la Plata, con el argumento de que ese curso le daría a Uruguay una fuente inagotable de agua.

El proyecto que el gobierno descartó era el Neptuno, que preveía la construcción de una toma de agua en la zona de Arazatí (en el departamento de San José, a 100 kilómetros de Montevideo). La concreción de este proyecto fue una de las polémicas de la transición entre el centroderechista Lacalle Pou y el centroizquierdista Orsi. El gobierno saliente firmó un contrato con el consorcio internacional Aguas de Montevideo a poco más de un mes de entregar el poder, algo que fue cuestionado por las autoridades entrantes.

Por eso, tras asumir el 1° de marzo, el gobierno de Orsi puso como prioridad la renegociación de este contrato y estableció la suspensión de ejecución durante 90 días. El proyecto había recibido críticas desde la academia, de la sociedad civil y desde el Frente Amplio.

Ese plazo vencía esta semana y, por eso, el gobierno apuró una serie de reuniones para anunciar un cambio en el contrato, que le permita evitar multas por incumplimientos. Encontrar una fuente alternativa para tomar agua se convirtió en uno de los temas centrales de la discusión en Uruguay porque todavía está fresco el antecedente de 2023: la grave sequía que atravesó Uruguay provocó que durante algunas semanas el agua saliera salada de los grifos.

El secretario de Presidencia (jefe de gabinete), Alejandro Sánchez, anunció el nuevo acuerdo el viernes en una conferencia de prensa, de la que también participó un representante del consorcio privado, compuesto por Berkes, Saceem, Cimsa y Fast.

El nuevo plan prevé la construcción de una potabilizadora en Aguas Corrientes, a 55 kilómetros de Montevideo y donde OSE –la empresa estatal encargada del suministro de agua– ya tiene otra planta, que permitirá inyectar al sistema capitalino unos 200 mil metros cúbicos de agua. Además, se construirá una reserva de agua bruta en el arroyo Solís Chico (en la costa de Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo) y una “pequeña potabilizadora” –como la definió Sánchez– en esa zona.

Con estas obras, el gobierno asegura que soluciona el abastecimiento de agua potable hasta el 2045.

Sánchez argumentó que, con estas obras, se logra “abaratar” en un tercio el costo original del proyecto, que para el Estado ascendía a unos USD 900 millones.

Sánchez también informó que la gestión del agua estará a cargo de OSE, algo que busca evitar cualquier discusión constitucional sobre la propuesta.

Alejandro Ruibal, el representante del consorcio, destacó en la conferencia de prensa que este conjunto de obras “mejoran la seguridad del sistema de suministro de agua potable a la red metropolitana”. “Lo que tenemos que hacer ahora es rematar esto y empezar a trabajar y a generar los empleos que este tipo de obras tiene que generar”, dijo en la conferencia de prensa.

Otra de las obras de agua potable que proyecta el gobierno es la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida. Esta propuesta no está contemplada en la renegociación del contrato, pero el ahorro que logró en este plan le permitirá impulsar esta obra.

El anuncio motivó que el ex presidente Luis Lacalle Pou reaparezca públicamente para expresarse sobre este asunto, algo que prácticamente no ha hecho desde que dejó el poder. En la red social X, el ex mandatario expresó que la decisión que tomó el gobierno es “netamente política y técnicamente desacertada”.

“Esperemos no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre las malas decisiones las pagan los uruguayos. La responsabilidad es del presidente Yamandú Orsi y su equipo”, escribió Lacalle Pou.