Estafa de fondo ganadero en Uruguay: director a la cárcel y su esposa y la viuda de su socio en arresto domiciliario

El abogado Jorge Barrera –defensor del empresario uruguayo Pablo Carrasco– tuvo dificultades para caminar por la calle. Frente al juzgado penal de Montevideo, decenas de personas reclamaban por sus ahorros, que se esfumaron después de haberlos invertido en el fondo Conexión Ganadera. “¡Te pagaron con nuestra plata!”, le gritaban a Barrera, entre otros insultos que recibió mientras intentaba hacerse paso.

Carrasco, el empresario que había iniciado el fondo ganadero junto a Gustavo Basso en 1999, saldría de la audiencia judicial convocada para este jueves en dirección a una cárcel.

Conexión Ganadera era un fondo que se dedicaba a captar el ahorro privado para comprar ganado. A cambio pagaba una renta fija de, al menos, el 7%. Basso y Carrasco se habían convertido en dos empresarios referentes del agro, incluso el segundo era también un referente de opinión. Pero los ojos pasaron a estar encima de la empresa a fines de 2024, en un contexto de una caída generalizada de los fondos.

Primero fue el Grupo Larrarte y luego República Ganadera las empresas que entraron en quieba y que admitieron que no tenían dinero para pagarle a sus inversionistas.

Y, en medio de esas noticias, Basso murió en un accidente de tránsito. Todavía no se sabía que Conexión Ganadera también estaba con números rojos: tenía un pasivo de USD 230 millones. Faltaba todavía más tiempo para saber que, en realidad, Basso se había suicidado: la Justicia comprobó que su muerte se dio tras chocar voluntariamente contra una maquinaria vial.

La familia Basso, que era una persona muy allegada a la Iglesia Católica de Florida (una ciudad a 100 kilómetros de Montevideo), organizó una misa de cuerpo presente. Cuando terminó la celebración, Carrasco se acercó hasta su viuda, Daniela Cabral, para expresarle que tenían que hablar.

Había números de la empresa que no cerraban.

Carrasco estaba acompañado de su esposa, Ana Iewdiukow, y le dijeron a Cabral y su familia que ya habían hablado con Barrera, un reconocido abogado penalista uruguayo. Cuando contó esta anécdota ante la Fiscalía, la viuda de Basso dijo que en ese momento no entendió nada.

Carrasco, Iewdiukow y Cabral se volvieron a cruzar este jueves, en la audiencia de formalización por la investigación penal que recae sobre ellos.

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pidió la imputación de Carrasco por un delito de estafa y lavado de activos, y de Iewdiukow y Cabral por estafa. La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, hizo lugar a ese pedido.

Carrasco fue enviado a prisión preventiva hasta el 10 de febrero, a la espera del juicio, mientras que su esposa y la viuda de su socio tendrán arresto domiciliario.

En la audiencia, el fiscal detalló cómo fue la maniobra. Detalló que la firma, según los cálculos primarios, tiene un pasivo de USD 250 millones, lo cual hace “prácticamente impagable los créditos de los inversores”, consignó El País.

El declive de la empresa comenzó en el año 2020 y fue “constante y pronunciado”, describió el fiscal. Esto ocurrió principalmente porque la empresa siguió ofreciendo “tasas altas” y rentas fijas en un negocio variable. Además, el negocio agropecuario también estuvo afectado por una fuerte sequía en el país. “Si algo no se tuvo en esa instancia fue prudencia”, expresó el fiscal.

Rodríguez argumentó que los acusados, sabiendo que la empresa no estaba en condiciones óptimas, no le advertían los riesgos a los inversores. “Era un esquema Ponzi”, describió.

El fiscal también relató que entre 2021 y 2024 Basso y Carraco compraron bienes inmuebles y vehículos por USD 16 millones. Por esa cifra, Rodríguez pidió como medida cautelar el embargo preventivo.

En la audiencia, el fiscal describió los roles de cada uno. “Carrasco y Basso son socios [eran] y verdaderos alma mater de la empresa”. Sus esposas inicialmente tuvieron una participación “casi simbólica”, pero luego tuvieron un protagonismo mayor. Los tres acusados tenían participación en la administración de la empresa, describió Rodríguez. Y, aunque sabían de la “debacle económica”, seguían firmando contratos.