El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de USD 400 millones a favor del Gobierno de Ecuador para fortalecer las capacidades institucionales en la lucha contra el crimen organizado, así lo anunció el Ministerio de Finanzas el último jueves. Este financiamiento se enmarca en el “Programa de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Respuesta a la Violencia y la Criminalidad”, una política pública implementada por la administración del presidente Daniel Noboa desde 2024 y responde a un contexto de creciente respaldo internacional a la estrategia ecuatoriana de seguridad ciudadana.
El préstamo, bajo la modalidad de Apoyo Programático de Reformas de Política Pública, tiene como objetivo apoyar reformas institucionales que permitan consolidar un enfoque integral de seguridad. Este modelo busca fortalecer los sistemas judiciales y de seguridad, al mismo tiempo que incorpora medidas orientadas a la prevención de la violencia. El BID ha destacado el compromiso del gobierno ecuatoriano con una respuesta sistémica y coordinada que combine inversión social, reforma institucional y trabajo conjunto con otros países de la región.
El Apoyo Programático de Reformas de Política Pública es un tipo de financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca respaldar a los países en la implementación de reformas estructurales mediante préstamos que no están atados a un proyecto específico, sino a la ejecución de políticas públicas previamente acordadas.
El crédito aprobado es una muestra concreta del respaldo financiero y técnico que el BID ha venido brindando al gobierno ecuatoriano. En agosto de 2024, durante la Cumbre Latinoamericana de Seguridad realizada en Guayaquil, Ecuador lideró la creación de la Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo. Este espacio permitió construir una hoja de ruta regional frente a los desafíos del crimen organizado, con énfasis en la cooperación policial transfronteriza, la prevención del reclutamiento de menores por estructuras delictivas, el combate al lavado de activos, la extinción de dominio y la minería ilegal como fuente de financiamiento criminal.
El préstamo se suma a otras acciones de cooperación con el BID. El 17 de junio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas y el BID instalaron la primera mesa de trabajo para el diseño de la Agenda de Crecimiento Ecuador al 2040, una iniciativa que busca sentar las bases de una planificación a largo plazo para alcanzar un desarrollo sostenible, resiliente y equitativo.
En el ámbito de la seguridad, el respaldo financiero del BID llega en un momento clave, cuando el gobierno ecuatoriano ha situado esta agenda como una de sus prioridades. Durante los últimos años, el país ha experimentado una escalada de violencia atribuida al crimen organizado transnacional, con impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la percepción internacional sobre la estabilidad interna. Frente a esta realidad, el Ejecutivo ha implementado una serie de medidas de emergencia, al tiempo que ha buscado financiamiento internacional para fortalecer capacidades institucionales sin comprometer la estabilidad fiscal.
A la par de este crédito de USD 400 millones, Ecuador ha recibido también respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó USD 1.500 millones entre junio y diciembre de 2024 como parte de un programa de Servicio Ampliado de USD 4.000 millones. Estos recursos han sido destinados a sostener el equilibrio fiscal y a garantizar el financiamiento del Estado en áreas sensibles como inversión social y seguridad. Además, la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó también un préstamo de USD 416 millones en coordinación con el FMI para continuar apoyando la estabilidad macroeconómica y la gestión responsable de la deuda pública.
El crédito del BID para seguridad no solo representa un alivio financiero, sino que también reafirma la legitimidad internacional de la estrategia del gobierno.
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