
El presidente Yamandú Orsi define a los uruguayos como “conservadores”. Lo dice porque no son muy proclives a grandes cambios de un día para el otro, según él. “Uruguay es un país bárbaro, pero somos bastante conservadores. Si hacemos una transformación, que no se note mucho”, señaló el mandatario al participar del seminario internacional Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El presidente uruguayo impulsa la creación de esa secretaría de Estado, pero rechaza la idea de mandar un proyecto de ley al Parlamento si no reúne antes un acuerdo del sistema político. Orsi pretende llegar a un “consenso mínimo” para asegurarse que su planteo tendrá éxito en el trámite parlamentario.
“Desde el punto de vista político, y ahí me paro, habría como una especie de acuerdo de que hay que caminar hacia la creación de este espacio, de esta nueva institución”, expresó en su discurso.

El Ministerio de Justicia en Uruguay centralizaría algunas tareas que hoy están esparcidas en otras oficinas estatales. Por ejemplo, se encargaría de la gestión de las cárceles, que hoy están en la órbita del Ministerio del Interior. “Creo que en este país, a lo largo de la historia, se han hiperdimensionado los roles y las funciones del Ministerio del Interior. Es demasiado. Y cuando hay que resolver algo porque sería un abuso ponerlo allí, lo llevamos para Presidencia”, expresó.
Sin embargo, el mandatario reconoce que la creación de un Ministerio de Justicia tiene “mala fama” en el país porque la última vez que funcionó fue durante la dictadura. Orsi aclaró que la creación de esta nueva cartera no pondría en tela de juicio la separación de poderes.
Orsi remarcó que la propuesta de crear un Ministerio de Justicia estaba en los programas de gobierno de los principales partidos políticos en las últimas elecciones.
La propuesta del Frente Amplio, por ejemplo, expresaba: “Se impulsará la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XX”.

El programa de gobierno del Partido Nacional también lo proponía. “La creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos permite centralizar y coordinar mejor las políticas de justicia y derechos humanos, lo que puede mejorar la eficiencia y efectividad del sistema”, decía la propuesta programática del candidato Álvaro Delgado.
El programa del Partido Colorado, en tanto, promovía: “Proponemos la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El mismo no solo estará a cargo de las políticas penitenciarias y la promoción de los derechos humanos, sino que también velará por el correcto funcionamiento del sistema republicano de gobierno, la debida coordinación entre sus poderes, la seguridad jurídica, la transparencia y los mecanismos de contralor”.
Sin embargo, pese a la coincidencia que hubo durante la campaña electoral, dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado ahora son críticos con la propuesta. El senador blanco Javier García, por ejemplo, expresó que el ministerio sería “el final de la independencia de la Justicia y la separación de poderes”. “No es creando burocracias que se solucionan problemas. No al Ministerio de Justicia”, escribió en la red social X.
Además, García aseguró que la organización de un seminario internacional para tratar el tema significó que lleguen personas al país para “presionar”.
El pro secretario de Presidencia, Jorge Díaz, es otro de los promotores de la creación del Ministerio de Justicia. De hecho, su nombre es el que se ha manejado para encabezar esa cartera, en caso de ser creada.
En una rueda de prensa este miércoles, Díaz explicó que esa secretaría de Estado es necesaria para atender el “funcionamiento sistémico” de la Justicia y aclaró que no interferiría en la tarea de los jueces. “Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada”, señaló.
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