La Fiscalía de Bolivia investiga un presunto consorcio de jueces organizado por el ex ministro de Justicia, César Siles, para tomar el control de las instituciones judiciales. El caso surge a raíz de un polémico fallo con el que se intentó suspender a una magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia y favorecer a su suplente.
En días pasados se conoció que el juez Marcelo Lea Plaza, de la localidad de Coroico distante a unos 100 kilómetros de La Paz, emitió una resolución judicial con la que destituía a la magistrada Fanny Coaquira, elegida por voto popular en diciembre pasado.
Los cuestionamientos sobre la influencia política de este fallo surgieron cuando se filtró un audio que se atribuye al entonces ministro Siles en el que le ofrece protección al juez Lea Plaza para fallar en contra de la magistrada. “Esto esta conversado a muy alto nivel, doctor, no se preocupe. Va estar protegido usted”, dice la grabación que según Siles está manipulada.
Sin embargo, la esposa de Lea Plaza y su defensa defienden la veracidad del audio. “El ex ministro sabe perfectamente lo que estaba haciendo y le pido que asuma su responsabilidad”, señaló Yesenia Requena, esposa del juez, en entrevista con el canal Unitel.
El caso provocó detenciones y renuncias en altos cargos del poder Judicial y el Gobierno. El ex ministro Siles presentó su dimisión poco antes de que se diera a conocer la grabación con el argumento de que algunos “rumores y acusaciones” en su contra podrían usarse como “pretexto de quienes insisten con perpetuarse en el poder y pretenden desestabilizar el país”.
De igual forma, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova, presentó su renuncia con el fin de “demostrar” que no tiene interés en obstaculizar el normal desarrollo de las investigaciones en las que también está implicado. En tanto, el juez Lea Plaza fue detenido y enviado a prisión por seis meses mientras que la vocal judicial Claudia Castro -acusada de coordinar el fallo y dictar los argumentos para justificar la suspensión de la magistrada- fue detenida para brindar declaraciones.
Por ahora el fallo de suspensión a la magistrada quedó sin aplicación. El Consejo de la Magistratura, entidad responsable de supervisar la conducta de los jueces, lo calificó de inconstitucional y anunció una auditoría sobre la sala constitucional que lo emitió.
Los delitos por los que se investiga a los cuatro implicados en el caso incluyen tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de Justicia y falsificación de sellos y documentos oficiales. El caso fue declarado en reserva.
“Golpe” a la Justicia e intromisión del Ejecutivo
El escándalo judicial causó reacciones de actores políticos y de los poderes públicos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, calificó el caso como un “intento de golpe” no solo al Órgano Judicial sino también a la democracia. El juez advirtió que tiene conocimiento de otras “acciones similares” contra magistrados electos. “Es una afrenta contra la democracia y un flagelo a la voluntad popular”, manifestó en conferencia de prensa.
En tanto, la diputada Lissa Claros, hizo referencia a las preocupaciones sobre la intromisión política en el Poder Judicial. “Esto desnuda lo que venimos denunciado desde hace tres años (…) Hay logias que manejan y manipulan la justicia, en Bolivia no hay independencia judicial”, manifestó ante los medios.
Tras la renuncia de Siles y en medio del escándalo, el presidente Luis Arce posesionó este lunes a Jessica Paola Saravia como nueva Ministra de Justicia y Transparencia Institucional, sin hacer referencia al supuesto consorcio ni a su ex ministro, el primer mandatario aseguró que su Gobierno mantendrá una relación una relación de “respeto” con las instituciones judiciales.
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