
El presidente de Bolivia, Luis Arce, descartó presentar su renuncia en medio de las manifestaciones sociales y los pedidos de dimisión por la crisis económica y de combustibles que atraviesa el país. En una rueda de prensa en Cochabamba, epicentro de las protestas, el jefe de Estado manifestó que “la renuncia de nadie resuelve los problemas (…) si los resolviera, ya nos hubiéramos ido”.
Cuando faltan dos meses para las elecciones nacionales, y cinco para el cambio de mando, una ola de protestas genera caos en el país. A las movilizaciones espontáneas que reclaman acciones para frenar el alza de los precios, se suman los bloqueos de carreteras realizados por los de los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) que reclaman por su inhabilitación para participar en las elecciones de agosto.
Arce atribuyó los pedidos de renuncia al afán de reelección de Morales que calificó como un “capricho”. “El único objetivo para que yo renuncie es para que se dé una sucesión presidencial y él pueda habilitarse como candidato, para que nos vamos a mentir. Los ciudadanos saben el objetivo y eso es inconstitucional, no se puede dar”, afirmó.

Morales está impedido legalmente para disputar la Presidencia, debido a una sentencia constitucional que limita el ejercicio del cargo a dos mandatos y el gobernó en tres periodos, entre 2006 y 2019. Sus partidarios consideran que el veto es inconstitucional y responde a intereses políticos, por lo que intentaron forzar su registro ante el Tribunal Electoral.
Este lunes se cumple una semana de bloqueos en el país, la mayoría concentrados en el departamento de Cochabamba, lo que impide el tránsito entre las ciudades más pobladas. El Gobierno informó que las manifestaciones han dejado al menos 50 heridos en enfrentamientos con la Policía durante los operativos de intervención de los piquetes.
Arce aseguró que las acciones buscan restablecer el tránsito vehicular “sin que haya muertos”. Hasta ahora, el despliegue de policías y militares se ha concentrado en desbloqueos parciales y en el resguardo de infraestructuras estratégicas.
A las protestas del evismo se suman otras que reclaman por las dos de las caras visibles de la crisis económica: el incremento de los precios y la escasez de combustible que hace más de un mes no se regulariza. Bolivia enfrenta falta de liquidez en dólares debido a la debacle de la industria petrolera, lo que dificulta la importación de diésel y gasolina para abastecer el mercado interno generando filas interminables de vehículos y perjuicios para sectores clave como el transporte pesado y la agroindustria.

Por la falta de dólares y las restricciones bancarias, surgió un mercado paralelo de divisas que ha disparado los precios de costo de vida en los últimos meses. Solo hasta mayo, la inflación acumulada llegó a 9,81% y superó la previsión de todo el año que era de 7,5%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Informes internacionales como el del Fondo Monetario Interncional (FMI) han señalado que la política económica actual es insostenible y muestran un panorama desalentador si no hay un cambio de rumbo que incluya un ajuste fiscal gradual y una devaluación inicial del tipo de cambio para restablecer la estabilidad macroeconómica.
La administración de Arce, acorralada por la crisis y el creciente malestar de la población que se expresa en marchas y bloqueos, responsabiliza a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la falta de aprobación de créditos externos que aumentarían liquidez y acusan a la oposición de boicotear la gestión.
Las dificultades financieras y los problemas sociales generan tensión el escenario electoral. El 17 de agosto, los bolivianos acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y legisladores, en una votación que muchos analistas creen que dado marcará un punto de inflexión en el país y abrirá un nuevo ciclo económico. La realidad lo demanda.
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