Sin duda uno de los anuncios más controvertidos que dio el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, este domingo, fue que su gobierno cambiará el estatus jurídico del penal Punta Peuco, la cárcel para los militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, “abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común”.
“Desde mi punto de vista, no existe justificación alguna para ese privilegio“, dijo taxativo el mandatario.
Cabe recordar que dicho recinto penitenciario -con capacidad para 112 personas-, alberga actualmente a 139 internos, entre ellos exagentes como Miguel Krassnoff, condenado a más de 1.000 años de prisión por 25 causas ratificadas de secuestro, tortura y desaparición de personas, y Álvaro Corbalán, condenado a 100 años por cinco homicidios y un secuestro calificado.
La noticia fue aplaudida de pie por gran parte de los parlamentarios oficialistas, quienes recordaron que la expresidenta Michelle Bachelet trató de cerrar dicho penal al final de su gobierno sin éxito, pero no cayó nada bien en sus pares de la oposición, varios de los cuales se manifestaron en contra.
Las críticas
Quizás la más dura fue la diputada Camila Flores (RN), quien aseguró en su cuenta de X que Punta Peuco “ni siquiera tiene agua potable y está lejos de ser un penal con privilegios“, y tildó al mandatario de ser “un miserable que se llena la boca con los derechos humanos y no es capaz de conocer la realidad de adultos mayores y enfermos terminales que además han sido víctimas de juicios donde no ha habido un debido proceso”.
De la misma opinión fue el senador Iván Moreira (UDI), quien puso en duda la viabilidad del proyecto: “Yo creo que va a encontrarse con muchas personas en contra de esta medida. ¿Qué pasa con esas personas que tienen 70, 75, 80 y hasta 89 años y que tiene una enfermedad terminal? Yo creo que Punta Peuco tiene que mantenerse (…) Hay que tener un poquitito de piedad por esa gente que está a punto de morirse“, agregó el parlamentario.
Por su parte Evelyn Matthei, la carta presidencial del bloque Chile Vamos, indicó irónicamente que “el mayor anuncio es el cambio en la denominación en Punta Peuco. Es un tremendo anuncio, me imagino que a todos los chilenos les cambiará la vida. ¿A ustedes les cambiará la vida? (...). No cuesta nada revertir esa decisión”.
Otro que se mostró molesto fue el líder libertario, Johannes Kaiser, quien abandonó el Congreso Nacional cuando había pasado una hora del discurso del mandatario. Mediante su cuenta de X, el diputado indicó que Boric “habla de unidad y después avanza en su campaña de venganza contra las instituciones armadas y de seguridad de nuestro país. Está anunciando la violación de DDHH de adultos mayores".
Finalmente, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), también se manifestó en contra de la noticia pues le pareció “más que un acto de justicia, un acto de venganza”, aunque calificó de “positiva” la Cuenta Pública.
“Yo creo que eso no ayuda en nada, porque estamos hablando de puros reos que tienen sobre 80 años, un tema que pasó hace 50 años, y lo que va causar es más polémica y más violencia interna en la discusión“, argumentó.
Gobierno defiende su decisión
Esta jornada, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la polémica y en conversación con Radio Bío Bío, defendió la decisión del Ejecutivo e indicó que debido a la sobrepoblación que afecta a las cárceles chilenas, “el objetivo es que este penal sea un penal común, como el resto de los penales de nuestro sistema”.
Así, tras la modificación del decreto de creación de Punta Peuco, el Gobierno esperará a que “Gendarmería nos entregue un plan de segregación respecto de este penal”, para luego dar curso a las obras “dentro de lo que nos queda de mandato”.
Tocante a las críticas de la oposición, Gajardo recordó que “las personas que han cometido los delitos más graves, hoy tienen una cárcel especial (...) No hay ninguna justificación para que las personas que cometieron estos delitos no estén con otros reos comunes, tal y como debiera ser en un régimen penitenciario general”, remató.
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