El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este lunes las “limitaciones” existentes en el país para un sistema de justicia independiente, al recibir a una relatora especial de la ONU.
La relatora de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, inició una visita de trabajo de dos semanas a Guatemala, cuya fiscal general, Consuelo Porras, es cuestionada por la comunidad internacional.
Arévalo manifestó que existen “limitaciones” para la acción de “una justicia independiente”, debido a “la existencia de espacios de cooptación y corrupción que profundizan la impunidad y debilitan la institucionalidad en Guatemala”, según un comunicado de la presidencia.
Asimismo, expresó su preocupación por la criminalización que hace la Fiscalía contra jueces, fiscales y abogados que promueven una justicia independiente.
Satterthwaite evaluará “las medidas adoptadas por Guatemala para garantizar la independencia del poder judicial y la imparcialidad del MP {Ministerio Público], así como el libre ejercicio de la abogacía”, según un comunicado de la ONU.
El mandatario socialdemócrata mantiene desde antes de asumir el poder en enero de 2024 un conflicto con Porras, a quien Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado por “corrupta” y “antidemocrática”.
El presidente busca que la fiscal general deje el cargo, para el que tiene mandato hasta mayo de 2026, pero carece de facultades para destituirla.
La relatora se reunirá con funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, abogados, líderes de la sociedad civil, académicos y responsables de agencias de la ONU del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sacó a Guatemala de su lista negra de los países donde observa violaciones graves de los derechos humanos, en la que figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua, según su informe anual 2024 publicado el jueves.
Es una “radiografía de la situación de derechos humanos en todos los países de la región” con “tendencias positivas en algunos temas” como la igualdad de género, los pueblos indígenas y las personas mayores, explicó a la AFP Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH.
Pero también “regresivas” en el ámbito de la “independencia judicial, la institucionalidad democrática, las persecuciones de defensores de los derechos humanos, políticas migratorias o el uso de la violencia por policías y militares”, añadió.
La CIDH, un órgano independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), retiró a Guatemala del capítulo IV.B, un apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.
Sale en parte porque el gobierno ha permitido a la CIDH visitar el país.
“Cuando es así la Comisión le da una oportunidad para mejorar la relación y tener un dialogo más productivo” pero “sigue teniendo serios problemas de institucionalidad democrática”, explicó la vicepresidenta.
Cuba, que no se ha reincorporado a la OEA pese a que en 2009 quedó sin efecto una exclusión decretada en 1962, y Nicaragua y Venezuela, dos países que se salieron de la organización, siguen en la lista negra.
En Cuba la CIDH “no observa una mejoría” y llama al gobierno castrista a “prohibir las detenciones ilegales o arbitrarias”, se lee en el informe.
La Comisión también mira con lupa Nicaragua, donde persisten “las detenciones arbitrarias para reprimir cualquier postura de oposición” en un contexto de “completa ausencia de un sistema de justicia imparcial”, denuncia.
A Venezuela dedica un largo capítulo en el que denuncia las condiciones en las que se celebraron la campaña electoral y las elecciones del 28 de julio de 2024.
“Las circunstancias que rodearon esta elección configuran, a todas luces, una alteración del orden constitucional”, señala el informe.
(Con información de AFP)
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