El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la detención de líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho, es arbitraria y exhortó al Gobierno de Luis Arce a liberarlo de manera inmediata.
En el informe, publicado este viernes, el organismo determinó que la privación de libertad del político viola “el principio de igualdad de los seres humanos” y que estuvo motivada por “su opinión política”.
Según el documento, la detención del gobernador suspendido de Santa Cruz vulnera ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tras evaluar el caso, el Grupo de Trabajo concluyó que corresponde su liberación inmediata, además de garantizarle el derecho a una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional. Por otro lado, instó al Gobierno de Bolivia a tomar las medidas necesarias para alinear la situación con las normativas internacionales, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los expertos también señalan que es necesario realizar una investigación “independiente” en torno a su caso. “El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Camacho y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, señala el informe.
El caso fue remitido a distintas relatorías especiales de la ONU, incluyendo las dedicadas a la protección del derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la independencia judicial.
Tras darse a conocer las conclusiones, el ministro de Justicia, César Siles, descalificó el informe y dijo que es “parcial, sesgado y desactualizado”. La autoridad negó la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU tuviera un carácter vinculante en el país y dijo que tres ministerios y la Procuraduría General del Estado revisarán el documento, debido a que no contemplaría algunos aspectos relevantes del caso e incurriría en contradicciones con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luis Fernando Camacho fue una de las figuras clave en las manifestaciones post electorales de 2019 que derivaron en la renuncia del ex presidente Evo Morales (2006-2019) en medio de acusaciones de fraude electoral. Como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, comandó protestas masivas que se articularon con las de otras regiones y provocaron la caída del gobernante, luego de un motín policial y la “sugerencia” de dimisión del Alto Mando Militar.
Tras la renuncia de Morales y de quienes lo seguían en la línea de sucesión constitucional, Camacho y el líder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, ingresaron al Palacio de Gobierno con una bandera de Bolivia y una Biblia, una imagen que se simboliza el punto de inflexión en el ordenamiento de la fuerzas políticas de ese periodo.
Un año después, el líder cívico se presentó como candidato a la Presidencia y obtuvo el tercer lugar, lo que le permitió tener representación en el Legislativo a través de senadores y diputados. En marzo de 2021 fue elegido gobernador de Santa Cruz, cargo del que está actualmente suspendido debido a su situación jurídica.
Tras ser detenido en diciembre de 2022 por su presunta participación en el caso denominado “Golpe de Estado I”, fue trasladado al penal de Chonchocoro, en El Alto, donde guarda reclusión desde entonces. En varias ocasiones, el político y su entorno han denunciado irregularidades en su arresto y vulneraciones a sus derechos fundamentales.
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