El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador resolvió el viernes que la suspensión por dos años de los derechos políticos impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad implica su inhabilitación inmediata para ejercer cualquier cargo público.
Con tres votos a favor y dos en contra, el TCE atendió un pedido de aclaración presentado por la defensa de Abad, y confirmó que la sanción le impide asumir temporalmente la Presidencia durante el periodo de campaña, en el que el presidente Daniel Noboa busca su reelección.
Abad fue sancionada con la suspensión y una multa de 14.000 dólares tras declararse fundada una contrademanda por violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld.
El tribunal desestimó, en cambio, la demanda original interpuesta por Abad, quien acusó a Noboa y a varios funcionarios de acosarla para impedir que asumiera la Presidencia mientras el mandatario se dedicara a actividades proselitistas.
La vicepresidenta argumenta que fue elegida por voto popular y que cualquier destitución debe pasar por la Asamblea Nacional, como establece la Constitución. En esa línea se pronunció el juez del TCE Fernando Muñoz, quien votó en contra al señalar que no corresponde a la justicia electoral cesar a un vicepresidente en funciones.
Mientras tanto, Abad ha iniciado una gira internacional en busca de respaldo. Tras salir de Turquía, donde ejercía como consejera comercial por encargo de Noboa, ha viajado a Ginebra y París para exponer su caso ante organismos multilaterales.
La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, expresó su “preocupación” por la sanción impuesta, al considerar que se basó en una “interpretación extensiva” de la figura de violencia política, sin que se haya demostrado “violencia real, daño efectivo, ni afectación al ejercicio de funciones públicas”.
En un acto de campaña celebrado el jueves, Noboa declaró que Abad “ya está destituida” y la calificó como “una traidora”. Actualmente, el mandatario participa en la campaña presidencial sin haber solicitado licencia, como exige la normativa ecuatoriana para los funcionarios que buscan reelección inmediata.
Noboa sostiene que su postulación para el periodo 2025-2029 no equivale a una reelección, ya que fue electo en comicios extraordinarios en 2023 para completar el mandato iniciado por Guillermo Lasso.
En la primera vuelta, el mandatario delegó sus funciones a la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gellibert, como vicepresidenta encargada, una decisión que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, aunque ninguna autoridad electoral ha determinado si incurrió en una infracción.
El conflicto político entre Noboa y Abad se arrastra desde la campaña de segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023. Desde su llegada al poder, Noboa ha mantenido a la vicepresidenta alejada de la administración central, mientras ella se ha convertido en una de las voces más críticas del Gobierno.
(Con información de EFE)
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