El presidente de Chile, Gabriel Boric, comparecerá de forma voluntaria y presencial ante la Fiscalía en el marco de la investigación judicial abierta tras la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende (1970-1973), según confirmó este miércoles el Gobierno. La fecha de la diligencia se “comunicará oportunamente”, informó La Moneda.
Aunque la legislación chilena exime al jefe de Estado de la obligación de declarar ante el Ministerio Público, Boric solicitó prestar testimonio de forma voluntaria en calidad de imputado, dado que existe una querella presentada en su contra por un tercero.
“Estoy totalmente dispuesto a colaborar con la Justicia”, declaró el mandatario en una entrevista televisada emitida a mediados de marzo. En esa ocasión, reafirmó su intención de que los inmuebles involucrados en el caso sean reconocidos como “patrimonio público” con el objetivo de “contar esta historia”.
El caso se originó tras el anuncio realizado a finales de 2024 por el Ejecutivo chileno, que comunicó la compra de la residencia de Allende por un monto de 933 millones de pesos (cerca de un millón de dólares), con el fin de transformarla en un museo.
El acuerdo incluía contratos con Isabel Allende, senadora del Partido Socialista, y Maya Fernández, ex ministra de Defensa, ambas descendientes del ex mandatario y familiares directas propietarias del inmueble. No obstante, ambas estaban constitucionalmente impedidas de firmar contratos con el Estado debido a sus cargos públicos.
La investigación penal fue impulsada por una denuncia presentada en enero por la Fundación Fuerza Ciudadana, una organización no gubernamental dirigida por Raimundo Palamara, abogado y excandidato constituyente del ultraderechista Partido Republicano. El objetivo de la indagatoria es esclarecer un posible perjuicio fiscal derivado de los contratos proyectados.
El plan de adquisición patrimonial también contemplaba la compra de la casa del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994), que generó una ola de críticas desde la oposición, que calificó la medida como improcedente.
Como resultado de la controversia, Boric removió de su cargo a la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, pocas semanas después del anuncio.
En tanto, Maya Fernández renunció en marzo tras la presentación de una Acusación Constitucional en su contra por parte de sectores de la oposición ultraconservadora. Esta acusación fue desestimada este miércoles por el Congreso.
La investigación continúa bajo la conducción del Ministerio Público, que deberá determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en el proceso de compra. Mientras tanto, el Gobierno no ha informado si retomará la iniciativa patrimonial con nuevos mecanismos legales, y las diligencias judiciales seguirán marcando el desarrollo político del caso.
(Con información de EFE)
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