Ecuador: transportistas denuncian que los delincuentes que los asaltan son liberados poco después de delinquir

Los gremios de transporte de carga pesada en Ecuador se han pronunciado ante la creciente inseguridad en los ejes viales del país y la falta de acción del sistema judicial. En un comunicado público, los representantes del sector denunciaron que los delincuentes capturados en flagrancia son liberados casi 24 horas después de cometer sus crímenes, lo que perpetúa el clima de violencia en las carreteras.

La Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística (CEET) y la Confederación Nacional de Transporte Pesado (Confietrape), que representan al 80% del sector, alertaron sobre la crítica situación que enfrentan los transportistas. Según los dirigentes gremiales, los trabajadores del sector son víctimas constantes de asaltos, secuestros de camiones, robo de mercancía y extorsiones, mientras que sienten que los operadores de justicia no actúan con la rigurosidad necesaria para frenar estos delitos.

Juan Carlos Andrade, presidente de la CEET, reconoció los esfuerzos del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia, pero cuestionó el papel de los jueces en la liberación de criminales: “Vemos con profunda preocupación cómo los jueces dejan en libertad a los delincuentes, incluso cuando existen evidencias contundentes de sus crímenes. Esto da carta abierta a que los criminales reincidan y perpetúen el clima de inseguridad en las carreteras”, afirmó.

A pesar de que la Policía Nacional reporta una reducción en los delitos cometidos en las principales rutas del país, los transportistas consideran que los avances son insuficientes si el sistema judicial no actúa con firmeza. Según datos oficiales, compartidos en el pronunciamiento en mención, desde agosto de 2024 hasta mediados de enero de 2025, los delitos semanales en ejes viales estratégicos como la vía Santo Domingo - Los Ríos, el Anillo Vial de Quevedo y la ruta El Triunfo - La Troncal han disminuido de 34 a 17.

Fernando Ortiz, presidente de Confietrape, exigió una depuración del sistema judicial para evitar que jueces actúen en favor del crimen organizado. “Es inadmisible que algunos jueces, movidos por intereses particulares o vinculados a grupos delictivos organizados, actúen en contra del bienestar del país. Esta situación debe cambiar de inmediato, las nuevas autoridades deben prestar puntual atención a esta problemática”, sentenció.

El sector del transporte pesado ha reiterado su disposición de seguir colaborando con las autoridades para mejorar la seguridad en las carreteras. No obstante, insisten en que el problema no podrá resolverse sin una reforma en el sistema judicial que ponga fin a la impunidad.

Los transportistas exigen medidas concretas que garanticen que los criminales capturados sean procesados y castigados con el rigor de la ley. En su pronunciamiento, solicitaron que las nuevas autoridades presten atención a esta problemática y adopten acciones inmediatas para evitar que más transportistas sean víctimas de la delincuencia.

El llamado de los gremios del transporte pesado resalta un problema estructural que no es nuevo en el país: la falta de coordinación entre las fuerzas del orden y el sistema judicial. Esto ya se evidenció en el gobierno de Guillermo Lasso, cuando los magistrado dejaban en libertad a criminales de alto perfil y eran señalados por el Ejecutivo. No obstante, al revisar las actuaciones de los jueces había casos en los que los fiscales se abstenían de acusar a los involucrados, donde la Policía elaboraba mal los partes de detención o donde no se había cumplido el debido proceso; por lo tanto los magistrados no podían fallar sino a favor de quienes habían sido detenidos.

El sector transporte juega un papel clave en la economía del país, movilizando bienes y mercancías esenciales para la producción y el comercio. Sin embargo, la inseguridad en las carreteras, donde se han registrado desde asaltos hasta secuestros, se interpone en el quehacer de estos trabajadores.

Los gremios involucrados en la denuncia incluyen a la Cámara de Empresas de Transporte de Carga y Logística, la Cámara Nacional de Transporte Pesado del Ecuador y el Medio Ambiente, la Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera, la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, la Unión Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, la Corporación de Operadoras de Transporte Pesado Terrestre y la Asociación Unión Hombre Camión.