Parlamentarios chilenos exigieron investigar el pago con dinero público al abogado personal del presidente Gabriel Boric

Continúan los coletazos tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado para convertirla en museo, un error no forzado del gobierno de Gabriel Boric que ya le costó el puesto a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y tiene por las cuerdas a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora socialista, Isabel Allende, nieta e hija del exmandatario respectivamente.

Ello, puesto que parlamentarios de Renovación Nacional oficiaron este lunes a la Contraloría para que investigue los más de $13 millones de pesos (USD 13 mil) abonados mediante el mecanismo de trato directo al abogado personal del mandatario, Jonatan Valenzuela, quien lleva a cabo su defensa tras una querella interpuesta por fraude al fisco estampada por el abogado militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara, en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana.

La acción fue interpuesta por la jefa de la bancada de diputados de dicha colectividad, Ximena Ossandón, junto a los legisladores Hugo Rey, Andrés Longton y José Miguel Castro, y en el documento enviado a la Contralora General de la República exigieron “fiscalizar el correcto empleo de los recursos fiscales, así como la correcta utilización del mecanismo de adquisición de Trato Directo”.

Y aunque en el oficio los parlamentarios reconocieron que los funcionarios públicos tienen derecho a “requerir servicios privados y disponer su pago con recursos fiscales”, dicha situación no se aplicaría al caso del mandatario pues “no desempeña funciones en un determinado servicio o institución, sino que ejerce la más alta dirección de la Administración”.

“Bien podría haber encomendado su defensa judicial al Consejo de Defensa del Estado, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, sin embargo, optó por la designación y contratación de un defensor particular”, argumentaron.

“El Presidente tiene que entender que no es plata suya”

En un punto de prensa, Ximena Ossandón aseguró que “el Presidente cree que puede pagar con recursos de todos los chilenos a su abogado de confianza, lo que es un abuso. No solo hay dudas de si el Presidente está protegido por un derecho estatutario, sino también del trato directo, ya que en ninguna parte se señala que al Presidente se le debe pagar un abogado que le acomode o le dé confianza”, acusó.

De la misma opinión fue su par Andrés Longton, quien sostuvo que “el Presidente de la República (...) decide de manera irresponsable, sin dimensionar lo que significa el buen uso y gasto de recursos públicos, utilizar $13 millones de pesos para costear a un abogado particular en vez de utilizar al Consejo de Defensa del Estado que precisamente cumple ese rol con abogados especialistas. Basta de irresponsabilidad con los recursos públicos que van en beneficio de los chilenos, para poder satisfacer gustitos en este caso del Presidente de la República. Por lo tanto, esperamos que en esa línea la Contraloría objete estos $13 millones de pesos y le pida al Estado (...) que los devuelvan al erario fiscal”.

Por su parte, José Miguel Castro indicó que “la ley es clara y él no puede hacer lo que quiera con los dineros de todos los chilenos. No puede contratar amigos porque le parecen mejores abogados. Está muy claro quiénes lo pueden asesorar en estos temas. Lo importante es que el Presidente tiene que entender que no es plata suya, que no es un rey del país donde puede hacer lo que quiera”.

Finalmente, Hugo Rey adujo que “el uso del trato directo en esta contratación desvirtúa un mecanismo excepcional que debió resolverse por vías regulares, como el Consejo de Defensa del Estado y por eso, hemos recurrido a la Contraloría para asegurar el buen uso de los recursos públicos y la transparencia en este caso”, remató.