Una jueza restituyó en su cargo a la vicepresidenta de Ecuador, enfrentada con Daniel Noboa

Una jueza restituyó el lunes en su cargo a la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, y dejó sin efecto la suspensión de cinco meses que le impuso el ministerio de Trabajo por abandono injustificado de sus labores.

La decisión se dio, tras una petición de amparo de Abad a la justicia, en una audiencia en la que la jueza Nubia Vera concedió el recurso y argumentó que la sanción fue “inconstitucional” y violó sus derechos.

A inicios de noviembre, el ministerio de Trabajo suspendió a Abad por 150 días sin remuneración por haber cometido una “falta grave”, al no trasladarse en el plazo indicado hacia la embajada de Turquía tras un cambio de legación diplomática desde Israel, donde cumplía la función de embajadora. Abad llegó ocho días después de la fecha fijada.

La vicepresidenta mantiene diferencias públicas con el presidente Daniel Noboa, a quien denunció ante un tribunal por supuesta violencia política de género en su contra, entre otras razones, por haberla enviado a Israel en un acto que ella ha calificado como “exilio forzoso”.

Conocido el fallo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo en rueda de prensa que se acatará la resolución judicial y que mediante decreto ejecutivo se le asigna a la vicepresidenta “como única función especial y temporal colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con la República de Turquía”.

En cuanto a una eventual sucesión de Noboa a favor de Abad en tiempos de campaña, De la Gasca matizó que “ella no tiene nada que hacer en la Vicepresidencia sino que tiene que presentarse en Turquía hasta el 27 de diciembre”, agregó.

La sentencia que la restituye en su cargo de vicepresidenta señaló que “en virtud de que se ha observado la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, el debido proceso, las garantías básicas y la aplicación de norma y derechos de las partes” dispone dejar sin efecto la resolución del ministerio de Trabajo y dar “cumplimiento inmediato”.

Abad ha sostenido que el objetivo del gobierno ha sido presionarla para que renuncie y evitar la sucesión presidencial.

Esta figura es clave para Noboa, quien deberá solicitar en enero una licencia para la campaña electoral con miras a los comicios presidenciales de febrero de 2025 donde aspira a la reelección. Según la Constitución, la sucesión presidencial le corresponde a quien ocupe la Vicepresidencia.

Al concluir la audiencia, la jueza Vera denunció ante los medios haber sido “coaccionada, amenazada y amedrentada”. Aseguró que Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura —organismo administrativo y sancionatorio de la función judicial—, y otros funcionarios la amenazaron “que me van a destituir si es que yo fallo contario”.

“Tengo la flash memory (dispositivo de almacenamiento) donde me ponían cómo tengo que fallar”, dijo y afirmó que se le estarían interponiendo sumarios administrativos en su contra.

El organismo judicial reaccionó en un comunicado y calificó las declaraciones de la jueza Vera como “malintencionadas” y con “evidente tinte político”. Agregó que las acusaciones “carecen de fundamento” y “representan un ataque directo contra los valores esenciales de un Estado de derecho”.

La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, adelantó que apelará la sentencia, que le impone emitir una disculpa pública en un mensaje difundido a nivel nacional, así como el pago de todos los ingresos económicos que Abad dejó de recibir desde la suspensión.

Por su parte, Abad comentó tras conocer el fallo que se dirigía hacia el despacho vicepresidencial y que “el pueblo ecuatoriano es un pueblo de paz, de orden y justicia y así va a salir la verdad”.

El constitucionalista Ismael Quintana mencionó a la agencia de noticias AP que la resolución de la jueza es de cumplimiento “inmediato”, pese a que será apelada por el ministerio, por lo que Abad debe reintegrarse a sus funciones de vicepresidenta. Agregó que el presidente Noboa debe disponer a la vicepresidenta que designó como encargada, Sariha Moya, retornar a las funciones que ejercía previo a su nombramiento temporal.

Según el jurista, “el ministerio de Trabajo no tiene competencia para sancionar funcionarios electos por voto popular”, para quienes, aseguró, la Constitución establece procedimientos y órganos competentes que establezcan sus responsabilidades como son el juicio político y la revocatoria de mandato ante la Asamblea Nacional.

(AP)