El dictador Daniel Ortega ratificó como ministro de Defensa al general Julio César Avilés, sancionado por EEUU

Daniel Ortega ratificó al general Julio César Avilés como ministro de Defensa de Nicaragua, cargo que ocupará durante seis años más. La gaceta oficial confirmó la orden del dictador y precisó que el comandante en jefe del Ejército iniciará su nuevo período al frente de la institución el próximo 21 de febrero de 2025 y permanecerá en el hasta el mismo día de 2031.

Avilés es un ex guerrillero sandinista que lleva años desempeñándose en altos cargos militares, desde los cuales estableció un estrecho vínculo con el binomio gobernante de Ortega-Murillo.

Sus primeros pasos fueron en Cuba, donde recibió formación de los oficiales de La Habana, que puso en práctica al volver al país en 1998, cuando asumió como jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar y al momento de fundar el extinto Ejército Popular Sandinista. En 2005, dejó el cargo de Inteligencia para ejercer como jefe del Estado Mayor General y finalmente, en noviembre de 2009, fue nombrado por primera vez como jefe del Ejército.

Con su designación, también a cargo de Ortega, el vicepresidente Omar Halleslevens quedó fuera de la institución.

Avilés se mostró, desde un primer momento, como un aliado de la dictadura, un promotor de sus ideas y un ejecutor de sus órdenes. De hecho, está acusado de formar parte de la trama de corrupción de Managua y de ser uno de los impulsores de la represión a la disidencia en el país, especialmente durante el estallido social de abril de 2018, cuando permitió que un grupo de encapuchados actuaran contra los civiles y dejaran al menos 355 muertos.

También, adoptó el discurso oficialista contra sus enemigos externos y acusó a los medios de comunicación de realizar maniobras para desprestigiar y ensuciar a su institución y a la patria.

“Con firmeza y determinación, rechazamos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución. A estos vividores y mercenarios de la información, financiados por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar ni dividir. Con la patria no se juega”, advirtió poco más de un año atrás durante un acto en Managua.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos definió, basándose en este historial de acciones y declaraciones, sancionarlo en 2020 por “reprimir y desmantelar las instituciones democráticas”. “Nosotros, como país, no queremos que nuestro sistema financiero sea cómplice en cuanto a la represión y la corrupción”, dijo el director adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jon Piechowski, al anunciar la medida.

Según la ONG Amnistía Internacional, la represión de civiles, impulsada por Ortega y coordinada por Avilés, “no deja a nadie a salvo” y representa una grave amenaza para la libertad de “líderes indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y cualquiera que sea visto como un riesgo para las políticas del Gobierno”.

“Las autoridades siguen consolidando el clima de miedo en el que disentir se castiga con cárcel, exilio o desaparición”, advirtió la directora para las Américas de la organización, Ana Piquer.

Un informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más dio cuenta de nuevos casos de detenciones arbitrarias en el último tiempo y de cientos de denuncias de tortura entre estos prisioneros. Además, según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 25 de los arrestados recientemente son simpatizantes sandinistas que habrían realizado críticas al régimen.

Es “un claro reflejo de que la dictadura está aumentando la persecución dentro de sus mismas filas”, indica el documento.

(Con información de EFE)