Bolivia terminó el cómputo de votos de las elecciones judiciales y ya definió quiénes serán los 19 nuevos magistrados que ocuparán altos cargos en los tribunales Constitucional, de Justicia, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura a partir del 1 de enero.
La votación se realizó de manera parcial y un año más tarde del plazo previsto en la Constitución Política del Estado, inicialmente por desacuerdos en la Asamblea Legislativa y luego por una seguidilla de recursos judiciales que entorpecieron el proceso y derivaron en la prórroga de mandatos de los jueces, cuya legitimidad ha estado en entredicho.
Más tarde, cuando el proceso ya estaba en curso e ignorando el principio de preclusión, un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró desierta la convocatoria para dos organismos en cinco de los nueve departamentos del país, por lo que siete jueces no fueron relevados (cinco del TCP y dos del Tribunal Supremo de Justicia). Esta disposición benefició a algunos de los magistrados que firmaron la sentencia porque continuarán en sus cargos.
En ese contexto, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó al país andino a completar la renovación de los jueces a través de un mecanismo constitucional. “La Misión hace un llamado enérgico a todas las instituciones bolivianas a buscar, de manera urgente, una solución que permita concluir con la selección de las y los integrantes pendientes del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) y el TCP, a través de un mecanismo estrictamente apegado a la Constitución” boliviana, señala el documento que es el fruto de la observación de 17 delegados.
La Constitución establece que la renovación de magistrados del Órgano Judicial se realiza cada seis años sin posibilidad de prórroga pero también señala que las decisiones del TCP son vinculantes y definitivas. En ese marco, la extensión de mandatos se justificó como una medida temporal hasta la realización de nuevas elecciones para no dejar los cargos acéfalos.
La misión de la OEA también observó la suspensión parcial de las elecciones por el fallo del TCP que generó “una discusión nacional, acusaciones mutuas entre los altos órganos judiciales y políticos del Estado y desconfianza en los candidatos”.
Por otro lado, el documento enfatiza la necesidad de aprobar una ley que regule integralmente el proceso de selección, promoviendo mayor transparencia, imparcialidad, eficacia y legitimidad. La OEA advierte que la interferencia política debilita las instituciones judiciales y genera desconfianza en la ciudadanía. “Se debe replantear el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el proceso de preselección de candidatos/s, evaluando la posibilidad de incorporar a esta etapa a un comité técnico especializado compuesto por expertos imparciales, quienes aseguren una evaluación basada en méritos y capacidades”, señala el informe.
La votación
El domingo, 7,3 millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir a 19 de los 26 magistrados de las altas cortes judiciales. El cómputo fue concluido pasadas las 23:00 de este jueves, dentro del plazo previsto por la Constitución para la entrega de resultados.
Esta elección fue la tercera de su tipo en Bolivia tras las realizadas en 2011 y 2017, que tuvieron una gran cantidad de votos blancos y nulos en rechazo a los procesos considerados en su momento manipulados por el partido oficialista para elegir a magistrados afines al Gobierno.
Este año, la cifra de votos blancos y nulos rondó el 37% a diferencia del proceso electoral judicial previo cuando superaron el 66%.
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