La Unión Europea (UE) expresó este domingo su “profunda preocupación” por la decisión judicial en Guatemala de revocar el arresto domiciliario otorgado al periodista José Rubén Zamora Marroquín y ordenar que vuelva a la prisión donde estuvo durante 813 días, e insistió en la necesidad de respetar la libertad de expresión.
“La UE expresa su profunda preocupación por la decisión de la Corte de Apelaciones de revocar el arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora y enviarlo de nuevo a prisión”, afirmó en un mensaje en redes sociales el portavoz comunitario de Exteriores, Peter Stano.
En ese sentido, la UE insistió “en que se respeten las normas internacionales sobre debido proceso y libertad de expresión”, concluyó Stano.
La sala segunda de apelaciones del Organismo Judicial de Guatemala revocó el viernes el arresto domiciliario que había recibido el periodista ordenando su vuelta a prisión preventiva, donde había pasado 813 días hasta el pasado 19 de octubre, cuando un juzgado decidió darle dicha medida sustitutiva.
Es por ese motivo que el periodista e investigador de 68 años deberá volver a la penitenciaria militar de Mariscal Zavala, en la cual pasó la totalidad de su estadía en prisión.
Durante sus días en la cárcel, Zamora Marroquín fue visitado por representantes del gobierno de Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos.
Fue detenido por primera vez el 29 de julio de 2022, cuando lo acusaron de un caso de lavado de dinero. Esto fue una semana después de haber emitido críticas contra la administración del entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).
Zamora Marroquín tiene 30 años de carrera investigando la corrupción estatal del país centroamericano siendo fundador del medio de investigación El Periódico.
En este caso, denunció que el gobierno de Giammattei había realizado negocios ilegales con la compra de vacunas para combatir el COVID-19 durante la pandemia, y también publicó más de una decena de reportajes sobre corrupción del círculo que rodeaba al ex presidente.
Luego de ser liberado a fines de octubre, declaró en una entrevista que, muy probablemente, buscarían regresarlo a prisión: “Pueden tener la tranquilidad de que no me iré del país, aquí los estaré esperando”.
Entre 2022 y 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el proceso penal contra el periodista estuvo marcado por anomalías como no permitirle presentar pruebas de descargo o la persecución penal contra sus abogados defensores.
En los últimos cuatro años al menos 65 personas entre periodistas, jueces, activistas y fiscales, tuvieron que salir exiliados de Guatemala denunciado que existía una persecución política en su contra por su labor.
(Con información de EFE)
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