Más revelaciones dan cuenta de la corrupción judicial a favor de criminales en Ecuador. El caso Plaga, una investigación por delincuencia organizada que involucra a jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos que entregaron de manera ilegal e ilegítima acciones constitucionales a presos, muchos de ellos pertenecientes a grupos narcoterroristas, como Los Lobos, la banda más violenta y con mayor extensión territorial bajo su control.
Los chats que constan en el expediente del caso, a los que pudo acceder diario Expreso, indican que el abogado Lenín Vimos –procesado y testigo protegido– cobraba miles de dólares por gestionar distintos beneficios para criminales. El medio ecuatoriano narró que Vimos ofertó a uno de sus clientes excarcelar a un asesino por USD 25.000, esto según las conversaciones del 25 de octubre de 2023. Según Expreso, Vimos también cobraba por traslados de una prisión a otra o incluso por conseguir la prelibertad, en algunos casos.
En el testimonio anticipado que Vimos rindió en junio y que es público en la web de la Fiscalía. El abogado indicó que conoció a Christian Romero –procesado del caso Metástasis y abogado de narco y políticos– el día del asesinato del narco Leandro Norero, en octubre de 2022. Desde entonces, relató Vimos, junto a Romero emprendieron una serie de acciones para precautelar su vida: “Para que no se dé (un atentado contra Romero), comenzamos con una serie de acciones. Tuvimos una reunión con Cristian (Romero) en la que me pidió que le presente a cualquier juez de la localidad, porque debía tramitar una acción a favor de una PPL, que era Daniel Salcedo (también procesado en el caso Metástasis)”, aseguró Vimos.
El abogado Vimos dijo ante el juez que fue tentado por “la codicia y por el dinero de las organizaciones criminales” para cometer ilícitos dentro del sistema judicial. El ahora procesado contó que para obtener un habeas corpus a favor de un líder de Los Lobos recurrió al juez Jhon Rodríguez (prófugo y procesado por prevaricato). A Rodríguez le entregó USD 40.000 para que otorgue medidas cautelares al líder de Los Lobos y emita la boleta de excarcelación. El nombre del ex magistrado Rodríguez no es nuevo en la opinión pública. En su calidad de juez, Rodríguez devolvió los derechos políticos al ex vicepresidente de Ecuador, sentenciado e investigado por corrupción, Jorge Glas. El Tribunal Contencioso Electoral ordenó la destitución del juez Rodríguez. La defensa del magistrado fue Mario Godoy, el actual presidente de la Judicatura, según recordó Expreso. Godoy asumió la Judicatura tras una cuestionada elección apoyada por consejeros que son partidarios del correísmo.
Vimos indicó en su testimonio que “al constituirse los grupos de delincuencia organizada (GDO) como líderes de una estructura, yo he estado al constante acecho de ellos con un colaborador más”. El abogado admitió haber contratado los servicios de varias personas, también procesadas en el caso Plaga, que le “generaba sentencias, peticiones de medidas cautelares y habeas corpus”. Para liberar a un líder de un GDO en la provincia de El Oro, al sur del litoral ecuatoriano, Vimos y Romero pagaron USD 30.000.
El 6 junio del 2023, Fabricio Colón Pico, cabecilla de Los Lobos y quien planeaba un atentado con la fiscal general Diana Salazar, contactó a Vimos para excarcelar a tres personas, quienes eran acusadas por asesinato. Junto a Christian Romero consiguieron a un magistrado a quien le entregaron USD 60.000 –que recibieron de Colón Pico– para que emitiera boletas de excarcelación para esos procesados. El 28 de junio los tres sujetos salieron en libertad.
El caso Plaga es el tercero de connotación que reveló los vínculos entre la corrupción judicial y el crimen organizado. Durante la madrugada y la mañana del 3 de abril de 2024, se ejecutó un operativo simultáneo en ocho provincias, en el que 14 personas fueron detenidas. Entre los indicios levantados hubo documentos, dispositivos de almacenamiento, terminales móviles, laptos, entre otros. Este proceso estaba a cargo de la Fiscalía Provincial de Pichincha; sin embargo, tras la investigación el Ministerio Público determinó que también habrían participado jueces que tienen fuero de Corte Nacional, por lo que pasó a conocimiento de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la institución: “La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que las personas privadas de la libertad obtengan libertad, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones”.
Últimas Noticias
Brasil y Paraguay acordaron intensificar las negociaciones por Itaipú tras años de demoras y tensiones por el precio de la energía
El presidente brasileño, Lula Da Silva, afirmó en un comunicado que ambos gobiernos decidieron “intensificar” las discusiones para concluir “rápidamente” la revisión del Anexo C del tratado que gobierna el funcionamiento de la central hidroeléctrica
La inversión extranjera directa disminuyó en Nicaragua en 2025
El monto total de capital recibido por el país alcanzó los 3,059.2 millones de dólares, lo que implica una caída de un 4% respecto al año anterior, según los datos del Banco Central
El acceso irregular al agua potable en República Dominicana afecta al 83 % de los hogares, según la Oficina Nacional de Estadística
La mayoría de las viviendas dominicanas recibe agua de manera intermitente, situación que limita las oportunidades económicas y educativas de las comunidades rurales y urbanas más vulnerables, conforme a los últimos datos oficiales divulgados
Autoridades de Guatemala localizan drogas en una pastelería durante operativos contra el narcotráfico
La realización de diligencias simultáneas en áreas urbanas permitió la incautación de sustancias ilícitas en un establecimiento comercial, como parte de acciones oficiales orientadas a reforzar pesquisas sobre redes criminales en Guatemala
Gobierno dominicano entregó más de 2,000 títulos de propiedad en San Pedro de Macorís
La acción otorga documentación legal a familias que, por primera vez, acceden a la acreditación formal de sus hogares, impulsando beneficios económicos y jurídicos para residentes históricamente afectados por la informalidad en sus viviendas
