El juez nacional Julio Inga ha requerido a la Interpol que capture al ex ministro de Obras Públicas y ex secretario del Agua, Walter Solís, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana y refugiado en México. Solís está siendo procesado en el Caso Reconstrucción de Manabí, junto con Jorge Glas, donde se investiga el mal uso de fondos públicos que debían destinarse a la rehabilitación de Manabí luego del terremoto del 2016. Por este caso, el 12 de abril se emitió una orden de prisión en contra de Solís, quien ha permanecido en territorio mexicano.
Según informó Ecuavisa, la Interpol Ecuador está evaluando la información para activar el proceso de captura con fines de extradición. Solís fue ubicado previamente por la Interpol en Estados Unidos en el 2021. Apenas se inició el proceso de extradición por parte de las autoridades ecuatorianas, Solís se trasladó a México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo calificó como refugiado. Según el abogado del ex ministro, la Interpol habría rechazado la solicitud de alerta roja.
El juez Inga, el 25 de abril, estableció una disposición para que “por Secretaría se curse atento oficio a Interpol y a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, haciendo conocer de lo determinado y adjuntando copias certificadas”, según recogió Primicias. En el caso por el que ahora Solís es investigado, la Fiscalía sigue la pista de la ruta de USD 367 millones que se recaudaron para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2016.
Paralelamente, las autoridades ecuatorianas están llevando a cabo procedimientos de incautación de los activos de Solís. El juez Inga ha instruido a la Superintendencia de Bancos retener los fondos de dos cuentas y al Registro de la Propiedad congelar cinco propiedades ubicadas en la provincia del Guayas, así como dos vehículos registrados a nombre de Solís.
Walter Solís fue parte del gabinete del expresidente Rafael Correa desde 2010 hasta 2016, cuando renunció por “motivos personales”. Aunque Correa sugirió que su partida estuvo relacionada con un error en la concesión del Puerto de Manta. El Caso Reconstrucción de Manabí es la última causa penal en la que Solís enfrenta cargos, sumándose a las dos sentencias previas de 8 años de prisión cada una por cohecho en el Caso Sobornos, donde también fue condenado Rafael Correa y Jorge Glas, y por peculado en el Caso Senagua.
Los correístas protegidos por México
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha concedido refugio o asilo a nueve ex ministros o ex legisladores correístas y a sus familias, quienes alegan una persecución política en su contra. La expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira; el excanciller Ricardo Patiño; los exministros, Galo Mora y Walter Solís; el exjefe del Despacho Presidencial (refugiado), Edwin Jarrín; los exasambleístas Soledad Buendía, Carlos Viteri y Viviana Bonilla son protegidos por la administración de AMLO. A estos se suma el ex vicepresidente Jorge Glas, cuyo hospedaje y posterior asilo fue el detonante de la crisis diplomática que enfrenta México y Ecuador y que ha llevado a ambos países a acusarse ante la Corte Internacional de Justicia por incumplir a las convenciones internacionales. Glas fue capturado el 5 de abril dentro de la sede diplomática mexicana en Quito y ahora cumple prisión en La Roca, una cárcel de máxima seguridad ubicada en Guayaquil.
De los copartidarios de Rafael Correa que están en México, apenas tres tienen procesos judiciales o sentencias en su contra. Según Expreso de Ecuador: “México se convirtió en el hub de la Revolución Ciudadana. Desde ese país se han planificado, por ejemplo, las campañas electorales de Andrés Arauz (2021) y Luisa González (2023)”.
El gobierno de AMLO incluso apoyó un documental estrenado en el 2022 que legitima la versión de los aliados de Rafael Correa. Entonces, la televisión pública de la Ciudad de México, Capital 21, estrenó su primera película documental “Se fue a volver”, una producción que cuenta ocho versiones de distintos políticos correistas, incluido el ex presidente Correa, sobre los acontecimientos sucedidos durante el gobierno del ex presidente Lenín Moreno, a quien sus excompañeros han calificado de “traidor”.
Según Expreso y el Sol de México, el partido de AMLO, Morena, también ha contratado a los asilados para la elaboración de agendas o para dictar seminarios políticos, en procesos que han sido cuestionados. Además, el ex canciller Ricardo Patiño recibiría una subvención estatal por ser mayor de 65 años pues ya se habría nacionalizado.
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