La Justicia de Brasil le prohibió a Bolsonaro participar en actos militares en medio de la investigación por golpe de Estado

Un juez de la Corte Suprema de Brasil prohibió al ex presidente Jair Bolsonaro participar en eventos militares, dentro de la investigación por golpe de Estado contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, informó este viernes el diario Folha de São Paulo.

La decisión fue tomada el jueves por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso que investiga la trama que buscó anular las elecciones presidenciales de 2022, que ganó Lula por un estrecho margen, decretar el estado de sitio y mantener en el poder a Bolsonaro.

El fallo prohíbe al líder ultraderechista, así como a otros investigados, entre ellos militares de alto rango, participar en “ceremonias, fiestas u homenajes realizados en el Ministerio de Defensa, la Marina, la Aeronáutica, el Ejército” o en dependencias de las “Policías Militares”.

Esa medida cautelar se suma a otras ya impuestas al ex jefe de Estado (2019-2022), que tuvo su pasaporte retenido, además de la prohibición de abandonar el país y de ponerse en contacto con otros sospechosos.

De Moraes extendió el veto a actos castrenses a los ex ministros y generales Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira y Augusto Heleno, también investigados.

De acuerdo con Folha de São Paulo, el juez estableció una multa diaria de 20.000 reales (unos 4.000 dólares) en caso de incumplimiento.

La Policía Federal sospecha que Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, discutió con aliados políticos y militares la aplicación de un decreto para impedir la investidura de Lula, que finalmente se produjo el 1 de enero de 2023, y mantenerse en el poder.

Ese plan golpista, de acuerdo con la investigación, llegó a sopesar incluso la detención del propio juez De Moraes y de otros miembros del alto tribunal, y hasta del presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco.

La intentona tuvo un último capítulo una semana después de la investidura de Lula, el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo, en Brasilia, para forzar una intervención militar que derrocase al dirigente de izquierda.

Bolsonaro, que apenas consta como investigado, declaró por última vez en este caso el pasado 22 de febrero y se acogió a su derecho a permanecer en silencio. En sus últimas entrevistas, ha negado cualquier acusación de golpismo y se ha declarado un “perseguido” por las autoridades.

Investigación en curso

En un discurso ante sus seguidores, el ultraderechista se refirió a una prueba incluida en la investigación policial de la supuesta trama golpista: un borrador de decreto para declarar el estado de sitio.

Sobre ese documento sin fecha y sin firma, Bolsonaro afirmó que se trata de “un mecanismo amparado por la Constitución” y recalcó que “finalmente no fue activado” por su Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Rui Costa, dijo que Bolsonaro “confesó el crimen delante de una multitud”.

En su discurso, Bolsonaro también pidió al Parlamento que apruebe una ley de amnistía para favorecer a las 1.413 personas que están siendo procesadas por los actos vandálicos cometidos contra las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.

(Con información de EFE)