
La Fiscalía General del Estado ha solicitado a un juez –especializado en delitos de corrupción y crimen organizado– una fecha y hora para que se formulen cargos en contra de Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador Guillermo Lasso y a otras cinco personas más por el presunto delito de delincuencia organizada. Entre los acusados también consta Hernán Luque, ex gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas durante este gobierno y quien no ha sido ubicado desde enero de este año.
Las diligencias de la Fiscalía corresponden al caso Encuentro, como denominó la entidad a la investigación sobre una trama de corrupción en las empresas públicas ecuatorianas que sería liderada por Carrera. En un comunicado publicado en la red X, la Fiscalía indicó que: “Con los suficientes elementos de convicción, obtenidos a través de las diligencias respectivas solicitadas en la investigación previa, formulará cargos a Hernán L., Danilo C., Antonio I., Leonardo C., Jorge O. y Roberto B. en contra de quienes se han determinado posibles responsabilidades en la comisión del presunto delito de delincuencia organizada”.
Infobae pidió un pronunciamiento sobre la petición de la Fiscalía a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, considerando que, en varias ocasiones, Lasso se ha referido públicamente a su estrecha relación con su cuñado, de quien ha mencionado su integridad; sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Desde el 25 de octubre, el mandatario ecuatoriano cumple una agenda oficial en Perú por la conmemoración de los 25 años de los acuerdos de paz entre ambos países.
En enero de este año, el equipo periodístico de La Posta, liderado por Andersson Boscán, reveló una estructura de corrupción en el sector eléctrico del país que estaría liderada por el cuñado de Lasso y operada por funcionarios de ese sector estratégico.

El presidente Lasso, en enero pasado, en una entrevista con Plan V, aseguró que conoce desde al menos 60 años a su cuñado y que es una persona íntegra. Entonces, Danilo Carrera impulsó una demanda legal en contra de Boscán por USD 500.000, pues ha asegurado que no está vinculado a ninguna estructura criminal y sospecha que pudieron haber “tomado su nombre” sin su autorización. En octubre de este año, Fundamedios informó que Carrera demandó nuevamente al periodista Andersson Boscán, por daño moral. El proceso fue recibido el 14 de septiembre por la Unidad Judicial con sede en Guayaquil.
Desde la publicación de dicha investigación, Boscán y su equipo han recibido múltiples amenazas en contra de su vida desde que inició con las entregas de la investigación a la que ha denominado El Gran Padrino. Estas amenazas obligaron a que Boscán, su colega y esposa Mónica Velásquez y sus hijas deban exiliarse del país por motivo de seguridad en julio de este año. Esta semana, ambos periodistas regresaron al Ecuador.
La Posta reveló una serie de audios que involucran al exfuncionario Hernán Luque, que fungió como gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, entre julio de 2021 hasta diciembre de 2022, y al ciudadano Rubén Chérrez, amigo personal de Danilo Carrera y que fue asesinado en marzo de este año. A Chérrez se lo ha vinculado con la mafia albanesa. Luque y Chérrez habrían pedido dinero para gestionar cargos en las empresas públicas del sector eléctrico. En uno de los audios, Chérrez pide una cuota mensual de USD 30.000 “para Danilo”.

Cuando el caso se reveló, el presidente Guillermo Lasso pidió a las autoridades policiales que ubiquen a Luque y Chérrez. Según informó entonces el ministro del Interior, Juan Zapata, de acuerdo con los registros migratorios, Luque habría ingresado a Argentina el 9 de enero. No obstante, hasta ahora su paradero es desconocido.
Antes de que cesara la Asamblea Nacional el mayo pasado, Andersson Boscán compareció ante la comisión legislativa que investigó el caso. Según el periodista, los cargos gestionados por Chérrez y Carrera eran para instituciones claves, como el servicio de Aduanas, para permitir el paso libre de drogas y armas; o cargos en el Ministerio de Energía, para el control de minas, donde el narco lavaría dinero.
Fueron estas revelaciones las que propiciaron que se inicie la investigación fiscal del Caso Encuentro y también que se cree la comisión ocasional que presentó un informe para iniciar el juicio político en contra de Guillermo Lasso. Sin embargo, para el enjuiciamiento en el legislativo, la Corte Constitucional admitió solo el cargo relacionado con contratos entre la Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker y no los del caso Encuentro. Lasso fue enjuiciado y, antes de que se resolviera su destitución, disolvió el congreso y convocó a elecciones generales extraordinarias, de las cuales resultó vencedor Daniel Noboa.
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