Tras el femicidio de Valentina Cancela en Punta del Este, crece el uso de tobilleras electrónicas en Uruguay

(Desde Montevideo, Uruguay) - La muerte de la adolescente Valentina Cancela, asesinada por asfixia por su ex novio en la arena de una playa de Punta del Este, puso en debate en Uruguay una posible omisión de parte de la Justicia. La joven ya había denunciado situaciones de violencia doméstica, pero la resolución judicial había sido intimar a los padres a que cumplan con las obligaciones inherentes a la patria potestad. También hubo intercambios públicos en torno a si se debió disponer que el femicida tenía que llevar o no tobillera electrónica.

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), por ejemplo, indicó en un comunicado que no se le podría haber colocado una tobillera al femicida por las denuncias que había recibido. De acuerdo a la interpretación de esta gremial de jueces, los dispositivos se deben colocar a personas mayores de 18 años. Santino, el autor del asesinato de Valentina, tenía 17.

Esta visión es diferente a la del ministro del Tribunal de Apelaciones Eduardo Cavalli, quien declaró a Subrayado que la colocación de una tobillera “era perfectamente aplicable” al ex novio de Valentina.

Además, la Suprema Corte de Justicia uruguaya resolvió iniciar una investigación a la jueza que intervino en el caso de Valentina Cancela por su actuación. Ese tribunal máximo emitió una circular dirigida a los jueces en la que recordó que la normativa que debe cumplirse en los casos de violencia de género, informó El Observador.

Esta semana quien se refirió a esta polémica fue el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al anunciar la compra de 200 tobilleras electrónicas luego del femicidio de la adolescente.

El jerarca recordó que “no se le puso tobillera” a quien la asesinó y que se decía que era porque no había ninguna disponible, algo que negó.

Heber afirmó que ese ministerio tiene “suficientes tobilleras” y que la nueva compra se dio “producto de sucesos de incomprensión que existieron en el caso de Maldonado”.

Más allá del caso de Valentina, el ministro del Interior reconoció que hubo “una gran demanda” en estos días de tobilleras electrónicas por parte de la justicia para casos de violencia doméstica y de género.

“Tuvimos que ampliar rápidamente el arrendamiento que tenemos con la empresa. Están pidiendo en todas partes del país, lo que nos alegra porque es una garantía de control por parte de la policía”, declaró Heber este martes en rueda de prensa.

Con estos elementos, el Ministerio del Interior evita tener que destinar dos patrulleros para custodiar una persona, lo que implica un costo alto para el sistema de seguridad.

La relación entre Valentina y el menor imputado había iniciado como un amorío de adolescentes, pero con el tiempo la relación pasó a ser violenta. La pareja “iba y venía” en su vínculo –según contó la madre de Valentina, Liliana Sarmoria– hasta que en febrero terminaron la relación definitivamente. En ese momento, la familia de Valentina denunció al joven por maltrato físico y agresiones verbales, que eran constantes. En ese mes, los padres fueron intimados por la Justicia a cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad.

Valentina le había confesado a sus compañeros que la relación era tóxica. El novio le había pegado, empujado y hasta le rompió el celular. Si bien cortaron el vínculo en febrero, se seguían viendo a escondidas. El vínculo enfermizo tuvo su punto más dramático el 15 de agosto: Valentina y Santino se encontraron en la playa, discutieron y él la terminó asfixiando hasta matarla. Luego, fue a buscar la pala y la enterró.

La familia de la joven asesinada decidió iniciar una demanda contra el Estado por los fallos que hubo en el sistema tras la denuncia, según informó semanas atrás el abogado Martín Etcheverry. “No sé si el error fue del Juzgado, si fue culpa de una mala comunicación de la Policía con la jueza cuando le pasan los antecedentes… no sé si es culpa de estas fechas nefastas que es cuando empieza una feria judicial (…) Lo que está claro es que el sistema funcionó espantosamente mal en este caso”, dijo el defensor de la familia.