El presidente chileno Gabriel Boric anunció el miércoles que, por primera vez, el Estado buscará a más de 1.100 desaparecidos durante la cruenta dictadura de Augusto Pinochet a través de un plan nacional de búsqueda.
El mandatario eligió el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para cumplir una de sus promesas de gobierno.
Hasta ahora la búsqueda había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.
“Tenemos el deber de seguir buscando” y disponer “de los recursos necesarios porque fue el Estado el que planeó y ejecutó crímenes”, afirmó Boric emocionado durante la presentación del plan en el palacio presidencial de La Moneda. Este programa, agregó, “será una nueva herramienta institucional contra el olvido”.
Boric prometió además que se destinarán 14.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares), para modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, que tiene largos retrasos en los peritajes de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos y se darán más recursos al Poder Judicial.
El plan “busca que esa responsabilidad (de búsqueda) sea una obligación permanente del Estado”, señaló por su parte el ministro de Justicia, Luis Cordero. El ministro —que tiene dos tíos abuelos desaparecidos y no escondió su emoción en el acto— dijo que entre los miembros y ex integrantes de las Fuerzas Armadas “es evidente que hay personas que tienen información” sobre el destino de los desaparecidos.
La dictadura de Pinochet dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
“Es una manera no sólo de reparar a las víctimas sino también de abordar la reparación de una cicatriz colectiva”, sintetizó Cordero.
El lanzamiento del programa fue un proceso de varios meses y 67 reuniones con más de 700 personas, organizaciones de familiares y de derechos humanos.
El plan se dirigirá a “conocer y reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada”, afirma el documento oficial sobre el programa. Para ello “se trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales —a través de la concreción de pericias y diligencias pendientes— y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales”.
Las labores de búsqueda se centrarán en terrenos que aún no se han explorado por falta de presupuesto o tecnología y se promoverá el acompañamiento de las familias y la sociedad civil en el proceso.
En el pasado las autoridades hicieron algunos esfuerzos infructuosos para ubicar a los desaparecidos. En 1991 se hallaron los restos de 126 personas en 107 tumbas que se creía que eran de opositores a la dictadura. Aunque el gobierno de entonces anunció que habían sido identificados e incluso los entregó a sus familiares, en 2006 se determinó que la identificación no fue rigurosa y casi medio centenar de familias tuvieron que devolver los restos al instituto forense.
Unas 82 cajas con restos óseos de presuntos desaparecidos volvieron al Servicio Médico Legal tras permanecer en una bodega de la Universidad de Chile y se sumaron a muchas más aún pendientes de peritar.
“El Estado ha fallado en entregar respuestas” que las familias y “el país merece y necesita”, afirmó Boric.
El mandatario recordó a comienzos de junio en su discurso a la nación que el gobierno no claudicará en el deber moral de agotar todos los esfuerzos y recursos para que los desaparecidos “puedan descansar en paz. Mientras ellos sigan faltando, Chile está incompleto”.
(Con información de AP)
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