Los precios de la gasolina: primera crisis del gobierno de Lula da Silva en Brasil

Los primeros pasos del nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva han imitado a los de un camarón: uno adelante y dos atrás. De los más de 50 decretos y 15 medidas firmadas o sólo anunciadas oficialmente por la nueva administración, algunas el mismo día de su investidura el domingo, en no menos de tres el gobierno ha dado repentinamente un paso atrás sin dar ninguna explicación exhaustiva del cambio de rumbo. Y no son medidas menores.

Se trata de la decisión sobre la prórroga de la exención del impuesto sobre la gasolina, la medida sobre el futuro de la gestión del saneamiento y la reforma de las pensiones. Las consecuencias de esta política de proclamas y luego acciones que las contradicen no han tardado en manifestarse. En tres días, la bolsa brasileña se ha desplomado de un 3% y el dólar y el euro se han fortalecido, alcanzando esta semana los máximos de los últimos 10 meses, llegando el martes a 5,48 y 5,82, respectivamente.

Lo que desató el frenesí en los mercados y asustó a los ciudadanos fue la esquizofrénica comunicación del gobierno sobre la medida provisional MP1157, que establece la exención de impuestos federales sobre la gasolina. Esta medida se convirtió en la verdadera primera prueba de fuego de la era Lula, porque reveló las complejas y contradictorias dinámicas dentro del Partido de los Trabajadores (PT) que parecen controlar la dirección de la nueva administración y corren el riesgo de bloquear el desarrollo económico del país.

La exención había sido instituida por el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, en junio pasado hasta el final de 2022 para frenar el alza de los precios de la gasolina y, en consecuencia, la inflación. Era, sin embargo, en el plan de Guedes, una medida provisional ampliable sólo un mes en 2023 a la espera de que el Congreso aprobara una reforma fiscal este año. Guedes había propuesto a su sucesor Fernando Haddad si quería la extensión. Sin embargo, antes de la toma de posesión de Lula, el 27 de diciembre, Haddad la rechazó preocupado por el déficit primario de más de 230.000 millones de reales (42.000 millones de dólares) al que se enfrenta el nuevo gobierno después de que el Congreso aprobara, con una modificación constitucional (PEC), un nuevo presupuesto fuera del techo máximo fiscal establecido.

“Esperaremos al nombramiento del presidente de Petrobras”, declaró Haddad. “Tenemos expectativas en relación con muchas variables que influyen en esta decisión, como la trayectoria del dólar y el precio del petróleo. Para no tomar ninguna decisión precipitada, el gobierno actual se abstendrá, y nosotros evaluaremos con calma”. Sin embargo, estas palabras se evaporaron por completo el 2 de enero, cuando Lula hizo exactamente lo contrario al autorizar la medida provisional. Para la gasolina, la exención durará al menos 60 días, junto con el etanol, el queroseno de aviación, el gas natural para vehículos y la nafta. Mientras que para el gasóleo, el biodiésel y el gas para cocinar, la exención durará hasta un año.

“La política ha prevalecido sobre la economía”, titularon varios diarios brasileños. Es decir, ganó el núcleo duro del PT, representado por su presidenta, Gleisi Hoffmann; y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Aloizio Mercadante. El miedo a protestas populares encabezadas por los camioneros, como en el pasado, inclusive a las pocas horas de la toma de posesión del nuevo gobierno, era un riesgo demasiado grande para los políticos. Sin embargo, esta decisión costará a las cajas del nuevo gobierno unos 25.000 millones de reales, unos 5.000 millones de dólares. Y es precisamente este punto frágil el que ha hecho caer a los mercados, el miedo a una irresponsabilidad fiscal a pesar de todas las buenas intenciones, repetidamente declaradas por Haddad. En definitiva, un gobierno que prefiere las acciones extemporáneas a la estrategia a largo plazo para evitar las revueltas de la población y que se arriesga a cruzar esa peligrosa frontera entre progresismo y populismo que podría hacerle perder rápidamente credibilidad.

No es casualidad que el diario Estado de São Paulo haya titulado un duro editorial sobre el nuevo ministro con “Haddad, el ministro decorativo”. “Desautorizado en su toma de posesión, el nuevo ministro de Economía pierde la batalla sobre la rebaja de impuestos a los carburantes y demuestra que tendrá que ensayar más para aprender a decir ‘no’ al presidente”, se lee en el texto. El propio Haddad no ha ocultado la sumisión a Lula que ha sido cuestionada en la prensa. “Soy el patito feo del gobierno”, declaró en el discurso de su investidura. “Ya sabes lo aislado que está el equipo de economía. Aceptamos este papel, pero es por el bien del pueblo”, aclaró, añadiendo que es “la instancia política” de la Presidencia de la República la que marca el ritmo y la dirección de las decisiones gubernamentales.

Los perdedores de esta dicotomía entre economía y gobierno, incluso a corto plazo, han sido la industria, el medio ambiente, por el que tanto apuesta el nuevo gobierno, y la población. La Unión Nacional de Etanol Derivado del Maíz (UNEM) afirmó en un comunicado que “esta prórroga perjudica a la cadena de producción”, ya que los impuestos sobre los combustibles fósiles son superiores a los del etanol, por lo que su exención favorece a los primeros en detrimento de los segundos. Por otra parte, “el gobierno debilita así la política nacional de incentivación de los biocombustibles, la transición energética y la descarbonización de las fuentes de energía para la movilidad”.

Pasaron 48 horas desde el “no” de Haddad al “sí” de Lula, y se creó un escenario irreal en el que los precios de la gasolina subieron repentinamente hasta un real por litro, sólo para ser desmentidos por la firma de Lula en el texto de la medida de exención del 2 de enero. Por eso, muchas gasolineras tardaron en readaptarse al cambio de opinión del gobierno, bien porque habían comprado a un precio incrementado por el vacío legislativo, bien por especulación. Tanto es así que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, declaró que abriría una investigación. Para el indicado por Lula a la Presidencia de Petrobras, Jean Paul Prates, “no hay razón para estos aumentos. Los que lo hacen es por especulación o por acción política, que es aún peor”.

El propio Prates es el otro protagonista de esta historia. Si Lula procrastinó el renuevo de la medida de exención, lo hizo porque estaba convencido de que podría resolver el control del precio de la gasolina en pocos días interviniendo directamente en la petrolera nacional Petrobras. Pero también en este caso su equipo calculó mal. Aunque el nombramiento de Prates ya se ha hecho oficial por Lula, pasarán algunos meses antes de que pueda tomar posesión de su cargo, por una cuestión de procedimiento interno de la empresa estatal.

Sin embargo, el plan del nuevo gobierno sobre Petrobras, famosa por los escándalos de corrupción durante las presidencias de Dilma Rousseff (2011-2016) destapados por la operación Lava Jato, ha creado una alarma aún mayor en el mercado. No sólo porque, nada más asumir el cargo, Lula aprobó una medida que bloqueaba las privatizaciones de ocho empresas estatales, incluida Petrobras, que habían comenzado bajo el mandato de Bolsonaro, sino porque Lula y su partido desde la campaña electoral declaran que quieren que el estado controle los precios del petróleo. Se trata de una política que ya había fracasado bajo el gobierno de Dilma Rousseff y que costó al país 100.000 millones de reales, unos 18.000 millones de dólares, sumiéndolo en una recesión sin precedentes.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, afirmó unos días atrás que el nuevo gobierno es contrario a la dolarización del petróleo, que garantiza la paridad de los precios internacionales y permite a Brasil importar todo el petróleo que necesita. En su visión, “se necesita una mezcla entre lo que se importa y lo que se produce, no es necesario dolarizarlo todo”. Esta paridad fue adoptada en 2016 por el presidente Michel Temer en un intento de relanzar las cuentas del país tras el impeachment de Dilma Rousseff. Pero, como en el caso de la medida provisional sobre la exención del impuesto de la gasolina, también aquí se impuso la esquizofrénica comunicación del Gobierno.

En los últimos días incluso Prates, ex senador del PT y propietario de cuatro empresas en el área de petróleo y gas con un potencial conflicto de intereses, había dicho que los precios de los carburantes deben tratarse “como un asunto de gobierno y no sólo como una empresa de mercado. Petrobras se alineará con las directrices que el Gobierno decida”. Ayer volvió atrás y declaró que “no habrá intervención en los precios del petróleo. El mercado está abierto, la importación está abierta, Petrobras tiene como competidores a todas las refinerías del mundo”.

¿Qué línea prevalecerá entonces? ¿La de Hoffmann o la de Prates de ayer? Debido a esta comunicación de gobierno, desde la victoria de Lula el pasado 30 de octubre, Petrobras ha perdido 117,6 mil millones de reales su valor de mercado, aproximadamente 21.000 millones de dólares, mientras entre 2019 y 2022 Petrobras había inyectado en las arcas del gobierno, su principal accionista, 447 mil millones de reales, es decir 82.000 millones de dólares.

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