Lula 3.0: las contradicciones del nuevo gobierno de Brasil

Mucho marketing, visiones económicas opuestas y unos cuantos nombres rescatados del último gobierno de Dilma Rousseff que acabó con su impeachment en 2016. Este es en pocas palabras el panorama del nuevo gobierno Lula 3.0. Y, a pesar de las declaraciones del Presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva de que todos sus ministros “tendrán que apretarse el cinturón”, el número de ministerios ha pasado de 23 a 37. Hay 11 mujeres, hay indios, hasta una cantante negra, en fin, todo lo que faltaba en el gobierno saliente de Jair Messias Bolsonaro.

Sigue siendo, sin embargo, un gobierno de mayoría del Partido de los Trabajadores (PT) y no un frente amplio, a pesar de que Lula tuvo que ceder algunos ministerios a los partidos que le apoyaron en la campaña electoral, a saber, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el Partido Socialdemócrata (PSD) y Unión Brasil.

Detrás de las sonrisas y apretones de manos con estas distintas fuerzas políticas se esconde el riesgo de que el nuevo gobierno se convierta muy pronto en un ring. El ejemplo más significativo son los cuatro ministerios que estarán a cargo de la economía, en comparación con el único de la era Bolsonaro. Se han asignado dos ministerios al ex alcalde de San Pablo Fernando Haddad, para la economía, y a Ester Dweck, para la gestión. A pesar de las promesas de responsabilidad fiscal de Haddad combinadas con una lealtad absoluta a Lula, Dweck es una ferviente partidaria de la controvertida Teoría Monetaria Moderna que aboga por políticas fiscales expansivas y para la cual ni la deuda ni la inflación son un problema. Sin embargo, es la única economista del grupo, aparte de un máster en economía de Haddad.

Los ministerios de Desarrollo, Industria y Comercio y de Planificación, por su parte, fueron asignados respectivamente al vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, ex gobernador de São Paulo vinculado, según la prensa brasileña, al Opus Dei, y a Simone Tebet. Ambos de procedencias políticas alejadas del PT, Alckmin abandonó el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para su nueva aventura política como vicepresidente. Tebet, exponente del agronegocio y ex senadora del MDB, desafió a Lula en la primera vuelta de las recientes elecciones presidenciales, acusándolo incluso de corrupción en debates televisados. Al quedar cuarta con el 4,2 % de los votos, decidió apoyarlo en segunda vuelta con la esperanza de obtener a cambio un cargo ministerial.

Sin embargo, su ambición tuvo que contar con el cálculo político de Lula y su reticencia a ofrecerle el ministerio de Desarrollo Social que la senadora tanto deseaba. El futuro presidente prefirió asignarlo a Wellington Dias, petista doc y ex gobernador de Piauí, ya que ese ministerio controlará la tarjeta de visita del nuevo gobierno, es decir, el programa “Bolsa Familia” de subsidios para los pobres. Y así, tras rechazar también el ministerio de Medio Ambiente, Tebet acabó aceptando el de Planificación, que varios economistas famosos no quisieron antes de ella. Y sin que se atendiera ninguna de sus peticiones, como la de gestionar el Programa de Sociedades de Inversión público-privada (PPI) en su futuro ministerio. Para sus compañeros de partido, el riesgo de que la ex senadora se queme en pocos meses es muy alto, pese al optimismo que se filtra de sus palabras. “Haddad y yo somos de origen libanés. Es imposible que falle nuestro entendimiento”.

Cabe preguntarse, sin embargo, cómo van a coexistir dos posturas tan divergentes sobre la economía. La de Haddad, que está en contra del actual techo de gasto, y la de Tebet, que siempre lo ha defendido. No es casualidad que los petistas más puros la hayan tratado con recelo, llamándola “la Sergio Moro del próximo Gobierno”, sin olvidar que Tebet votó a favor del impeachment de Dilma Rousseff. Según el portal de noticias G1 del Grupo Globo, en la reunión decisiva Lula le habría dicho: “Conozco sus diferencias de visión sobre la economía y eso no es un problema para mí. Sé que estáis equilibrada y, en caso de divergencia, seré yo quien decida”.

Por último, queda la incógnita de Marina Silva. La ex senadora del partido Rede, embajadora mundial de la Amazonia, vuelve como ministro de Medio Ambiente de Lula. Ya lo había hecho al inicio de su primer mandato, en 2003, pero se marchó en 2008, dando un portazo al acusar de ser víctima de una “creciente resistencia por parte de importantes sectores del gobierno”. Candidata presidencial en 2014 contra Dilma Rousseff, en aquel momento Silva fue objeto de una violenta campaña de descrédito por parte del PT. Si no vuelve a haber enfrentamientos políticos, su regreso es una excelente tarjeta de visita para el futuro de la Amazonia, sobre todo porque contará con la ayuda de un nuevo organismo técnico, denominado Autoridad del Clima, que se inaugurará en marzo.

Entre los nuevos ministerios, inéditos para Brasil, está el de los “Pueblos Originarios”, que será dirigido por la diputada indígena del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Sônia Guajajara, una elección que ha creado polémica entre varios activistas indígenas. “Es un gol en contra”, dijo Daniel Munduruku, del movimiento indígena de Belém. Su nombramiento le haría perder un escaño dentro de la ya exigua bancada indígena de la Cámara de Diputados, para la que fue elegida Guajajara.

Lula también resucitó el Ministerio de Cultura, suprimido por el gobierno de Bolsonaro. Estará dirigido por la cantante Margareth Menezes, sin experiencia en gestión pública y que tendrá que gestionar un presupuesto de 10.000 millones de reales, unos 2.000 millones de dólares, para 2023.

En cuanto al nuevo Ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, del Partido Socialdemócrata (PSD), tendrá en sus manos la primera “papa caliente” del gobierno entrante: el control de los precios de la gasolina. Haddad había pedido al gobierno de Lula que no renovara la reducción de los impuestos a los combustibles hecha por Bolsonaro. Pero el temor a un aumento de los precios de la gasolina, así como la impopularidad que de eso derivaría, llevaron al futuro presidente a autorizar una medida provisional de renuevo de 60 días a partir del 1 de enero. Lula, al anunciar su gobierno, dijo que resolvería el problema interviniendo directamente en el control de precios de la petrolera estatal. Esta idea ya se había puesto en práctica con resultados infructuosos en el segundo gobierno de Dilma Rousseff.

Lula también ha creado dentro de la Secretaría Especial de Comunicación Social (SECOM) una Secretaría de Comunicación Institucional, Prensa y Comunicación Digital cuya tarea es vigilar las redes sociales, su caballo de batalla en la campaña electoral y un tema que ha encendido el debate debido al riesgo de censura. A mandar en el SECOM será el petista Paulo Pimenta, en el pasado un feroz crítico de la información brasileña, a la que señala como responsable de la elección de Bolsonaro en 2018 y, en 2021, de “no dar espacio lo suficiente a Lula”.

Entre las contradicciones que ha creado el nuevo gobierno está la de Sergio Moro, ex juez símbolo de la Lava Jato, la investigación que llevó a la detención de Lula por corrupción en 2018. Elegido senador en las últimas elecciones por el partido Unión Brasil, Moro, ahora se encuentra con su partido que gobierna precisamente con el más notorio reo de su operación. De hecho, la Unión Brasil recibió dos ministerios, el de Comunicaciones, al mando de Juscelino Filho y el de Turismo, con Daniela do Waguinho. Sin embargo, Moro no se dimitió, afirmando que confía en que su partido mantendrá una postura “independiente”, tal y como han declarado sus dirigentes.

El hecho es que de los 37 ministros anunciados, al menos una docena han sido investigados o están implicados en escándalos de corrupción, fondos ilícitos (“caixa dois”) y mala conducta administrativa (“improbidade”). Es el caso, por ejemplo, del nuevo Ministro de Integración, Waldez Góes, condenado por malversación de fondos, condena que él ha recurrido y que ahora se debate en el Supremo Tribunal Federal (STF). O el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino, investigado por sospechas de ilegalidad en un contrato de suministro de combustible para un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Maranhao. En 2020, la investigación fue archivada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El ministro de Economía, Fernando Haddad, también fue condenado a cuatro años y seis meses en régimen abierto por la Justicia Electoral por falsedad ideológica electoral (fondos elícitos) en la campaña de 2012, cuando fue elegido alcalde de San Pablo. En 2021, el Tribunal Regional Electoral de San Pablo lo absolvió por falta de pruebas.

El futuro ministro de la Casa Civil, Rui Costa, por su parte es objeto de una investigación en curso en el STJ por delitos de reciclaje de dinero, estelionato y fraude en la adjudicación de contratos presuntamente cometidos cuando presidía el Consorcio Nordeste para comprar durante la pandemia respiradores que nunca fueron entregados a los hospitales, por un valor de 50 millones de reales (9,5 millones de dólares). De los dos recién nombrados líderes del gobierno en el Senado y la Cámara, Jacques Wagner y José Guimarães, este último es recordado por los brasileños por su antiguo asesor José Adalberto Vieira, detenido en el aeropuerto de San Pablo en 2005 con 100.000 dólares en su ropa interior y 200.000 reales, unos 38.000 dólares, en su maleta, un delito que posteriormente prescribió.

Sin embargo, el fantasma de Jair Bolsonaro flotará sobre el nuevo gobierno, tal y como prometió en su última despedida en directo en sus redes sociales ayer por la mañana, antes de partir hacia Florida. “Es un gobierno que empieza rengo”, dijo. “Brasil no acabará el 1 de enero. Hemos perdido una batalla, pero no perderemos la guerra”.

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