La región boliviana de Santa Cruz volvía de a poco a la normalidad este lunes después de 23 días de huelga, la mayor protesta que le tocó afrontar al presidente Luis Arce en dos años de gobierno y que ha profundizado la polarización política del país sudamericano.
Aunque el paro se extenderá por tres días más hasta la liberación de una veintena de detenidos, según dijo Rómulo Calvo, presidente del poderoso Comité Cívico que ha convocado a la huelga, el transporte público y el comercio se iban normalizando.
Esa región del oriente, considerada la locomotora económica del país y bastión opositor, busca obtener más recursos ya que concentra más del 40% de la población del país. Su gobernador es Luis Fernando Camacho, jefe de Creemos, la segunda fuerza de oposición.
El presidente Luis Arce no cedió a la demanda principal de Santa Cruz de realizar un censo de población previsto para 2023 y fijó la fecha para marzo de 2024, pero se comprometió a entregar los resultados a fines de ese año para una nueva redistribución de escaños en el Legislativo que le darían más fuerza política a esa región en los comicios presidenciales de 2025.
“Es un logro, pero queremos que una ley y no un decreto diga que los resultados se aplicarán en los comicios de 2025″, señaló Calvo.
“No necesitamos que Bolivia nos tenga pena o lástima, necesitamos que se pliegue a las medidas de presión. Le dijimos al Gobierno que estamos dispuestos, en 72 horas, a iniciar el trámite de revisión de nuestra relación con el Estado Boliviano porque no escucha, porque nos tiene aislados, porque nos somete, porque nos castiga”, agregó en una entrevista para la televisión boliviana.
Y aclaró: “En ninguna parte se dijo que el paro se terminaba en 72 horas”.
Analistas anticiparon que la batalla política será larga hasta lograr que el padrón electoral sea depurado ante sospechas de que está sobredimensionado en más de 16% de votantes que no existen, lo que detonó el estallido que dejó 37 muertos tras unos comicios denunciados como fraudulentos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuando el ex presidente Evo Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo en 2019.
Santa Cruz logró la adhesión de otras dos provincias de las nueve que tiene el país y la protesta profundizó la pugna en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo presidente es Morales. Éste cuestionó el manejo del conflicto por el actual mandatario, su heredero político.
A medida que se profundizan las discrepancias en el MAS, Morales y Arce se perfilan como probables rivales en 2025 ante una oposición de centro y derecha dividida y debilitada que busca levantar cabeza.
La mayoría legislativa del MAS ha quedado dividida entre “Evistas y Arcistas” lo cual resta fuerza al gobierno.
“Políticamente ha salido más fortalecida la oposición”, reconoció el ex ministro de Morales, Carlos Romero. “Parece que el objetivo era polarizar entre dos actores (Arce y Camacho) para anular a Morales”, añadió.
El economista Gonzalo Chávez señaló en su cuenta de Twitter que las pérdidas económicas por las protestas llegarán al 2,3% del Producto Interno Bruto.
(Con información de AP y Europa Press)
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