La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa china Sinohydro, es nuevamente el centro de una controversia política en Ecuador. Un informe elaborado por el legislador Fernando Villavicencio, quien ha investigado la corrupción durante el gobierno de Rafael Correa, fue desestimado en la Comisión de Fiscalización del congreso ecuatoriano incluso por parte de legisladores afines a Guillermo Lasso.
El informe revela que desde el 2018 las fisuras en la central hidroeléctrica pasaron de 7.000 a 17.499 a julio de este año. La megaobra le costó más de USD 3.300 millones al Estado y ha sido reparada en cinco ocasiones por los problemas ocasionados por esas fisuras.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador está presidida por Fernando Villavicencio, que ha denunciado un pacto político del gobierno de Guillermo Lasso y China: “Aquí hay un acuerdo oculto con el gobierno de China”, dijo el legislador luego de que el informe que recomendaba a la administración de Lasso que no reciba la obra china fue desestimado.
La asambleísta María Belén Cordero, de la bancada oficialista, se abstuvo durante la votación. Mientras que los tres legisladores correistas votaron en contra. Otro congresista independiente también se abstuvo. A Villavicencio solo lo respaldaron otros dos diputados. De los nueve votos posibles, tan solo tres eligieron que el informe sea aprobado.
Entre las recomendaciones del informe de 400 páginas, se sugería al gobierno de Guillermo Lasso que no reciba la central Coca Codo Sinclair, hasta que las fallas sean corregidas y se garantice que tendrá una vida útil de al menos 50 años. Además, se pedía que se revise el posible conflicto de interés del actual ministro de Energía, Xavier Vera, porque una de las empresas que fiscalizó el proyecto pertenece a su familia.
“No hay ningún argumento para no aprobar el informe por parte del gobierno. Porque son las instituciones del gobierno las que recomiendan no recibir la central”, dijo Villavicencio en referencia a los análisis técnicos emitidos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y por la Contraloría General del Estado.
En julio de este año, Infobae tuvo acceso a un documento confidencial de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) que revela que desde el 2012 la compañía china Sinohydro, encargada del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en Ecuador, ocultó que los distribuidores de turbina de la casa de máquinas de la Central tenían alrededor de 8.000 fisuras.
Aunque posteriormente la asociación consultora se percató de las casi 8.000 fisuras en los distribuidores de la Coca Codo Sinclair, esta autorizó a Sinohydro el hormigonado de los distribuidores, “con lo cual sería imposible reemplazarlos después en caso de necesidad”, según se lee en el documento reservado.
Los defectos de la central hidroeléctrica que está ubicada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos han llevado a que Ecuador y Sinohydro estén en una batalla legal por los perjuicios al Estado. El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair se creó en el gobierno de Rafael Correa y se lo presentó como el “más grande de la historia del Ecuador”.
El caso de la Coca Codo Sinclair no solo presentaría irregularidades técnicas, sino que revelaría tratos políticos y otros nexos que ocasionarían incluso conflictos de interés. Según Fernando Villavicencio, el megaproyecto hidroeléctrico fue parte de un acuerdo entre los gobiernos de Rafael Correa y su homólogo chino Xi Jinping.
De acuerdo con el legislador el contrato para iniciar la obra no fue “sometido a un proceso riguroso de licitación internacional “por lo que se adjudicó al mismo país que brindó el financiamiento a través de un crédito que Ecuador realizó a un banco chino. La condición de aquel préstamo era que la central hidroeléctrica sea construida por una empresa China: “China puso la plata, China puso el contratista y obviamente validaron al fiscalizador”.
Las irregularidades en los contratos que obtiene Sinohydro no suceden únicamente en Ecuador. El grupo de ex funcionarios públicos pakistaní Smart Government Initiative, que trabaja para proteger a los funcionarios en servicio que laboran en los diferentes departamentos del Gobierno y brindarles asesoramiento y ayuda legal y técnica en caso de que sean objeto de diversos métodos de coerción e intimidación por parte de funcionarios de alto nivel, ha denunciado que Sinohydro obtuvo en Pakistán un contrato financiado por el Banco Mundial que presentaría irregularidades y presiones para que la empresa sea la contratista.
También se ha registrado corrupción alrededor de las actuaciones de Sinohydro en África.
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