La oposición chilena suspendió este martes de forma temporal su participación en la mesa de negociaciones para continuar el proceso que derive en una nueva constitución para Chile, por la supuesta intervención en el proceso de dos ministras del gobierno del presidente Gabriel Boric.
La incomodidad opositora se inició el domingo, cuando la ministra de Interior, Carolina Tohá, declaró que “me gustaría bailar cueca con el acuerdo cerrado”, en alusión a los festejos de fiestas patrias el 18 se septiembre, lo que la oposición interpretó como que le estaban poniendo plazo a las negociaciones.
Francisco Chahuán, presidente del partido Renovación Nacional, declaró que “no vamos a aceptar que una ministra nos paute”.
El malestar creció este lunes cuando los líderes oficialistas del congreso informaron de los primeros acuerdos alcanzados y que según ellos incluía el órgano que escribiría la nueva constitución. La oposición lo negó y anunció que no asistirá a un nuevo encuentro fijado para el jueves.
Tras el rechazo de una nueva constitución el 4 de septiembre, los partidos políticos, excepto uno de extrema derecha, iniciaron casi de inmediato negociaciones para continuar con el proceso constitucional. El proceso marchaba aceleradamente, hasta esta semana.
La carta magna rechazada, que contaba con el apoyo de Boric, contenía inéditos artículos como la plurinacionalidad y autonomías territoriales indígenas, mayoritariamente desestimadas por la oposición derechista y un sector de la centroizquierda.
El bloque opositor demandó además que la siguiente reunión se reagende para el 23 de septiembre, que se reconsidere el número de participantes en las negociaciones y que por el momento el gobierno se abstenga de participar en esta etapa inicial de acuerdos.
El proceso constitucional chileno tuvo su origen en octubre de 2019, tras un estallido social que derivó en un plebiscito en 2020 en el que 78% del electorado pidió una reforma constitucional.
El pasado fin de semana, la Cámara de Diputados de Chile advirtió que presentará una denuncia ante la Policía de Investigación (PDI) para que se analicen el envío de correos electrónicos a más de 100 legisladores amenazándolos si continúan con el proceso constituyente.
El primer vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda (Partido Radical Socialdemócrata), dijo que además de amenazas se publicaron las direcciones privadas de los legisladores. “Rechazamos las amenazas que han sufrido los parlamentarios a través del correo institucional con la clara intención de ir a sus domicilios si el proceso constituyente continúa”, dijo Sepúlveda.
“Queremos decirles a los que están detrás de esto que no nos van a intimidar. Tomaremos todas las acciones necesarias para descubrir quién está detrás de esto”, añadió.
El presidente de la Cámara, Raúl Soto (Partido por la Democracia), dijo que fue uno de los que recibió el correo amenazante con el objetivo de “inhibir el proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos para habilitar un nuevo proceso constituyente”.
“Sepan que no nos van a amedrentar ni detener porque este proceso es necesario para Chile y la democracia, y que vamos a denunciar ante la PDI y llevar adelante todas las acciones legales que correspondan para que esta situación sea investigada y se asuman las responsabilidades de las personas que están detrás”, afirmó
(Con información de Associated Press)
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