Conviviendo con insectos y ratas en las celdas, durmiendo sobre colchones invadidos de chinches y defecando en un orificio en el piso en el mismo espacio que se bañan permanecen personas privadas de la libertad, según las denuncias expuestas este viernes durante una audiencia pública organizada por la CIDH, como parte de la supervisión a 10 medidas cautelares otorgadas a 60 nicaragüenses, de los cuales 44 permanecen en prisión por motivos políticos.
Durante la audiencia pública, de la que se ausentó el Estado de Nicaragua, las organizaciones solicitantes, entre ellas Centro por la Justicia y el Derecho internacional (Cejil), expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un sinnúmero de violaciones de derechos humanos que sufren en Nicaragua los presos políticos beneficiados con medidas cautelares.
Entre otros mencionaron que son víctimas por parte de custodios y parapoliciales de golpizas, torturas físicas y psicológicas, así como de aislamiento e incomunicación.
Además, que están recluidos en celdas sin acceso permanente al agua potable, y otros duermen en el piso porque fueron ubicados en galeras sin suficientes camas, lo que les ha causado insomnio, depresión y pérdidas de peso.
“Las personas beneficiarias continúan en situaciones de insalubridad e inhumanidad, que constituyen en sí mismas tratos crueles, humillantes y degradantes”, expuso la abogada Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
CAÍDA DE CABELLO, SARNA, INFECCIONES...
Por su lado, Alejandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica, afirmó que “la situación de salud de las personas presas políticas en Nicaragua sigue siendo crítica”, incluidos los beneficiarios con las medidas cautelares.
“Los beneficiarios continúan sin acceder a medicamentos básicos y especializados para el tratamiento de sus padecimientos y enfermedades crónicas, no cuentan con la asistencia especializada y oportuna, lo que incrementa los riesgos a sus vidas con el paso del tiempo”, advirtió Salazar, cuya organización recogió testimonios de los familiares.
Según su relato, algunos de los privados de libertad sufren de taquicardia, infecciones en los oídos, caída de cabello, hongos en la piel, problemas estomacales y diarrea constante, problemas renales y de anemia, hígado graso y frecuentes sangrados en sus heces.
Otros orinan la sangre “como secuelas de sus detenciones violentas”, sufren vómitos, mareos, dolores en la columna, alergia en la piel, sarna, pérdidas de peso y trastornos psicológicos como alucinaciones “debido a las condiciones precarias e inhumanas”, dijo Salazar.
La activista alertó sobre los niveles de ansiedad y depresión de ese grupo de presos políticos, debido a “los actos de torturas y malos tratos que son sometidos constantemente”, y a la falta de acceso a salud adecuada y oportuna, incluidos 39 que han presentado síntomas relacionados al COVID-19.
“Nuestra preocupación con el sistemático deterioro a la salud de personas presas políticas es especialmente relevante en el contexto en donde ya dos presos políticos bajo custodia han fallecido y otros tres han resultado con daños irreparables a su integridad personal”, argumentó.
RELATORA PARA NICARAGUA IMPACTADA
La comisionada Esmeralda Arosemena de Trotiño, relatora para Nicaragua de la CIDH, expresó su “angustia” y estar “impactada” por la situación narrada por los representantes de los organismos humanitarios.
“Realmente es inconcebible. Es un asunto que no tiene ni explicación ni justificación alguna. Estoy realmente impactada por cada una de las presentaciones que han hecho los representantes de la sociedad civil, que son representantes de 56 de las 60 personas beneficiarias de medidas cautelares dictadas por la CIDH”, indicó.
Durante la audiencia pública, las organizaciones civiles pidieron a la CIDH que “requiera a Nicaragua la liberación inmediata de las personas beneficiarias” y ordene al Estado que, mientras se surten los trámites administrativos, proceda a garantizarles la vida e integridad, en particular el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos.
También facilite a los reos el contacto inmediato con familiares y abogados al menos una vez a la semana, y garantice condiciones dignas de detención.
Asimismo, que solicite a Nicaragua “su anuencia para que una delegación de la CIDH ingrese al territorio para constatar la implementación y efectividad de las medidas”.
(Con información de EFE)
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