Un grupo de manifestantes atacó este lunes las instalaciones de la Fiscalía General de Ecuador en Quito, en medio de las protestas contra el gobierno de Guillermo Lassa que ya dejaron 4 muertos. Los indígenas y las autoridades ecuatorianas miden fuerzas sin que aún se vislumbre una salida a diez días de crisis.
“A lo largo de la jornada de hoy, se han registrado varios incidentes en el mencionado inmueble, que incluyen impacto de objetos contundentes hacia ventanales y principales ingresos de Institución, mismo que, a pesar de haber sido bloqueados, no lograron contener la violenta irrupción de varias personas, que ingresaron a unidades fiscales de Tránsito, de las cuales sustrajeron documentación que luego fue incinerada en la vía pública”, señaló la fiscalía ecuatoriana en un comunicado.

La Fiscalía de Ecuador rechazó los actos vandálicos y señaló que estas acciones ponen en riesgo la vida de las personas y atentan contra los bienes del Estado.
“Han atacado nuevamente el edificio de la Fiscalía General del Estado; lo que buscan no está ahí. Estos desmanes no son protesta social, son delitos. Hago un llamado a la paz, a la cordura y sobre todo al respeto a la Ley”, escribió Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, en su cuenta de Twitter.
Este miércoles el gobierno de Ecuador rechazó el pedido indígena de derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital ecuatoriana.

Ante la negativa oficial, el movimiento de protesta volvió a la carga para exigir una reducción de los precios de los combustibles, entre otras acciones que amortigüen el costo de la canasta básica.
Llegados de varios puntos, cerca de 10.000 indígenas están en Quito desde el lunes. A su paso van quemando neumáticos y armando barricadas con troncos de árboles. Alambres de púas, vallas y militares protegen la sede presidencial. La ciudad está semiparalizada.
Leonidas Iza, líder de la movilización y presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), dijo que está dispuesto al “diálogo” sin intermediarios y bajo “veeduría” que garantice “resultados”.

Como punto de partida, la Conaie quiere que se levante el estado de emergencia bajo el cual militares salieron de los cuartes y se decretó un toque de queda nocturno en Quito.
Pero el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue rotundo: “No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir”, advirtió en entrevista con el canal Teleamazonas.
Con los acercamientos en puntos muertos, las protestas avanzan en el resto del país.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos emitió un alerta naranja y pidió a sus ciudadanos que lo “reconsideren” si tienen previsto un viaje a Ecuador.
“La delincuencia es un problema generalizado en Ecuador. Son frecuentes los delitos violentos, como los asesinatos, las agresiones, los secuestros exprés y los robos a mano armada. Las organizaciones criminales transnacionales y las bandas operan en las provincias de Carchi, Sucumbíos y el norte de Esmeraldas, así como en Guayaquil, al sur de la avenida Portete de Tarquí”, describe el comunicado.
“Las manifestaciones se producen regularmente en todo el país. Las manifestaciones públicas pueden tener lugar por diversas cuestiones políticas y económicas y pueden provocar el cierre de carreteras locales y de las principales autopistas, a menudo sin previo aviso ni plazos estimados de reapertura. Los cierres de carreteras pueden reducir significativamente el acceso al transporte público y a los aeropuertos y pueden interrumpir los viajes tanto dentro de las ciudades como entre ellas”.
El comunicado, directamente recomienda no viajar a Carchi, Sucumbíos y la provincia de Esmeraldas, así como al sur de la avenida Portete de Tarqui en Guayaquil.
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