Veinte miembros del Congreso estadounidense enviaron el martes una carta al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso pidiéndole que firme una ley que garantice el aborto como producto de una violación en el país andino.
La legisladora demócrata Norma Torres lidera la solicitud al presidente ecuatoriano, quien tiene previsto anunciar la próxima semana su decisión sobre el proyecto de ley aprobado por el parlamento ecuatoriano respecto a este tema.
Los congresistas aseguran estar preocupados porque en recientes declaraciones, el presidente Lasso se ha mostrado favorable sobre la posibilidad de vetar la ley, decía una carta firmada por congresistas del Partido Demócrata y otros legisladores estadounidenses de origen hispano.
En los Estados Unidos no existe la figura del veto parcial que en Ecuador habilita al presidente a la posibilidad de enmendar algunas partes del texto aprobado y de reenviar esta nueva versión de la ley aprobada a la legislatura para su revisión. De hecho, el presidente Lasso ofreció informar sobre su decisión en esta materia en los próximos días. Esta confirmación sucedió en una entrevista del martes 8 de marzo. Lasso afirmó que “con responsabilidad, la próxima semana haré pública mi posición con respecto de ese proyecto de ley”.
En la carta, los congresistas estadounidenses solicitan al presidente Lasso que firme la ley sin introducir cambios. “Eso enviaría un mensaje claro de que usted respeta el proceso democrático que llevó a la adopción de la legislación”, dijeron los miembros del Congreso estadounidense.
Aprobar la norma sin cambios, dicen los congresistas en su carta, demostrará que Lasso está “comprometido a cumplir con las obligaciones de derechos humanos de Ecuador”. Los congresistas plantearon esta petición en nombre de los miles de niñas y mujeres que sufren “innecesariamente los daños de un embarazo forzado o un aborto clandestino”.
La ley aprobada el mes pasado en la Asamblea Nacional del Ecuador contempla que las mujeres víctimas de una violación y que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir el proceso gestacional en las próximas 12 semanas. Este mismo plazo se amplia a 18 semanas en el caso de que la violación y el embarazo se produjera en niñas y adolescentes, así como en mujeres de zonas rurales o de origen indígena.
En Ecuador el aborto estuvo penalizado con hasta con tres años de cárcel, con la salvedad de que un médico lo practique para salvar la vida de la gestante, o en caso de violación de una persona con discapacidad mental.
Sin embargo, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto por violación, una sentencia histórica que se expidió cuando Guillermo Lasso resultaba electo como presidente del Ecuador. Lasso inmediatamente confirmó que respetaría la decisión de la Corte.
El presidente ecuatoriano reiteró en la entrevista del martes que, aunque personalmente se oponga a lo aprobado por el Parlamento, está “obligado a respetar ese fallo” de la Corte Constitucional ecuatoriana. Con esto confirmó su posición frente al tema asumida desde abril del año pasado, cuando todavía no había asumido formalmente la presidencia del Ecuador.
Las organizaciones y colectivos feministas ecuatorianos aseguraron que seguirán su batalla legal y política para que entre en vigor esa ley, en caso de que Lasso vete totalmente la norma aprobada por el Parlamento o en caso de que la vete parcialmente, reduciendo los plazos para la interrupción del embarazo.
Durante de las manifestaciones por la conmemoración del Día de la Mujer, celebradas el martes 8 de marzo, las integrantes de varios colectivos y organizaciones feministas denunciaron que fueron atacadas con gases lacrimógenos y agredidas con toletes en las ciudades de Quito y Guayaquil. Las mujeres que participaron en las manifestaciones pacíficas aseguraron en las redes sociales que la Policía Nacional interrumpió las concentraciones.
Además, cuestionaron al gobierno de Guillermo Lasso por la represión y la incoherencia pues esa misma mañana el presidente acudió a un evento donde anunció la entrega de un bono para atender a los huérfanos de mujeres víctimas de femicidio.
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