La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile a pagar una millonaria indemnización a los profesores que no recibieron sus asignaciones previsionales tras el traspaso desde el Ministerio a la educación municipal realizado en 1981, lo que es conocido como “deuda histórica” del magisterio. La sentencia es a favor de 848 docentes que recurrieron al tribunal internacional, de los cuales sólo 660 quedan con vida. El proceso se desarrolló por casi 16 años en el sistema internacional de justicia y luego de siete meses desde los alegatos finales en mayo pasado, la CIDH zanjó el tema a favor de los demandantes.
Los docentes recurrieron al organismo internacional para demandar al Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago pero que el Estado no ejecutó. Durante este proceso, muchos de los demandantes perdieron la vida esperando justicia. Al 30 de mayo, habían fallecido 185, y de los sobrevivientes 324 tienen entre 70-79 años y 146, más de 80 años. El abogado de la causa, Ciro Colombara, recalcó que “durante estos casi 30 años, han muerto el 20% de ellos”.
“Mala fe del Estado”
Colombara señaló que la posición del Estado ha sido dilatar y eludir el cumplimiento de las sentencias, privando a las municipales de los fondos para cumplir con los pagos al que el Estado había sido condenado. Asimismo, señaló que durante la tramitación del proceso internacional, se llamó a las víctimas a participar en una solución amistosa, lo que paralizó en muchos años el proceso reparatorio. A su juicio esto se traduce en que “hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo”.
En tanto el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Carlos Díaz, recalcó que la respuesta de la justicia internacional “va en línea de lo que hemos planteado siempre, que es de toda justicia que se pague la deuda histórica” y explicó que el fallo dictamina que “Chile es responsable por no cumplir con debida diligencia las sentencias que reconocían el pago de esta asignación especial a 846 docentes del país”. De paso llamó a profundizar “en lo que esto significa, particularmente en la lucha que hemos venido dando desde hace tantos años por hacer justicia con todos los afectados”.
De paso rescató que se trata “de un importante paso adelante, que se produce precisamente cuando tenemos un presidente electo que ha manifestado públicamente que está dispuesto a buscar una reparación”. De esta forma, “con esta noticia esta situación se debe apurar y creemos que estamos en condiciones de que esta reparación se vuelva una realidad”, agregó el presidente del gremio docente.
En la práctica, el pago de esta indemnización será en tres cuotas anuales a los 660 docentes que siguen con vida. A la fecha, la cifra de asignaciones impagas alcanzaba los $72 mil millones de pesos, equivalentes a poco más de 800 millones de dólares. Los profesores que recibirán esta indemnización se encuentran repartidos a lo largo del país, en municipios como Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes.
¿Qué es la Deuda Histórica?
La Deuda Histórica de los profesores se originó por el incumplimiento de una ley de 1981 que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público. Pero ese mismo año se realizó la municipalización de la educación pública, por lo que la mayoría de los educadores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación. Esto, porque los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores.
Esta situación llevó a maestros a lo largo de todo Chile a recurrir a los Tribunales de Justicia, con el propósito de demandar al Estado una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial.
Reacciones
La presidenta del Senado, la demócrata cristiana Yasna Provoste, celebró la condena para el pago de la deuda histórica del magisterio. Profesora de profesión, la ex candidata presidencial aseguró que la sentencia “se hace cargo de una parte oscura de nuestra historia”, pues va a favor de “jubilados que durante décadas han visto perjudicadas sus pensiones, sin justicia ni reparación por el sistema de municipalización del sistema escolar que llevó a cabo la dictadura”.
“Este fallo es un claro precedente de justicia educativa de nuestro país, se hace cargo de una parte oscura de nuestra historia y define el camino a la construcción para una nueva educación para todos y todas”, concluyó.
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