La Fiscalía de Colombia informó que se le imputaron cargos a Fernando Sanclemente, el ex embajador de Colombia en Uruguay. Se lo culpa por desaparecer y destruir pruebas en un caso en 2020, donde se encontró un laboratorio para procesar cocaína en una finca de su propiedad, cerca de Bogotá.
“El material probatorio eliminado sería determinante para identificar a varias personas que estarían involucradas en el laboratorio de producción de clorhidrato de cocaína que fue hallado en la finca del exdiplomático en febrero de 2020″, declaró Fiscalía de Colombia en un comunicado y agregó que el político se declaró inocente.
En febrero de 2020, en la finca Haras de San Fernando, en el municipio de Guasca (cerca de la capital), la Policía encontró cerca de siete toneladas de insumos químicos y 9,4 kilos de cocaína y pasta base de coca. Se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco hombres, Cristian Aníbal Gómez Vanegas, Yefer Iván Castillo Gómez, John Jairo Morales Zambrano, Dumer Gustavo Bohórquez y Pablo Emilio Castillo Perilla.
En aquel entonces, la Cancillería colombiana comunicó que “es una propiedad que ha estado en manos de la familia del embajador Fernando Sanclemente Alzate desde hace 44 años y que se ha dedicado en el pasado a la cría de caballos de carrera, lechería y cría de ganado Angus, entre otros”.
Durante una conferencia de prensa en Uruguay, también en febrero, Sanclemente aclaró que se trata de una propiedad “relativamente grande”. Dijo que “estamos hablando del orden de casi 175 hectáreas y parte de ellas en una zona boscosa, compleja, tupida. Ahí es donde camuflaron este laboratorio e insisto, tengo la absoluta tranquilidad de que vamos a salir absolutamente airosos”.
En su momento, también explicó que desde que se encontró el laboratorio de drogas, solo recibió “afectos, solidaridad de la gente de Colombia que me conoce a mí, a mi familia y por supuesto es una situación incómoda para mí, pero como es mi estilo, como servidor público poniendo la cara a los medios y dando las explicaciones pertinentes”.
Sanclemente se encontraba en ejercicio en Uruguay desde el 21 de marzo de 2019 y, según la ley, eso lo habilita a estar “ajeno de responsabilidades del manejo, participación y/o injerencia del predio propiedad de la sociedad”.
Tras el escándalo, el diplomático presentó su renuncia al cargo en abril de 2020 para preparar su defensa. Lo hizo horas después de que el fiscal Francisco Barbosa anunciara que lo vincularía a la investigación por el laboratorio.
“Ante las recientes declaraciones dadas por el señor fiscal (...) en las que anuncia su determinación de citarme y vincularme formalmente al proceso que se adelanta, se hace necesario marginarme de su administración y empeñarme a fondo en la defensa cerrada de nuestro buen nombre”, escribió Sanclemente en una carta que fue enviada a Iván Duque, presidente de Colombia.
Este lunes, la Fiscalía colombiana imputó a Sanclemente por los delitos de “ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”. Según lo constatado por el organismo, luego de que se encontrara el laboratorio en su propiedad el político ordenó a sus trabajadores que destruyeran y quemaran las pertenencias de la familia de Laureano Martínez, el mayordomo de la finca que se encuentra siendo procesado.
“En ese sentido fueron destruidos computadores, memorias USB, una tableta, un disco duro de 500 gigas y documentos que contendrían información relevante para establecer la posible participación de otras personas en el funcionamiento del cristalizadero de cocaína descubierto por las autoridades el 12 de febrero de 2020″, agregó el comunicado de Fiscalía.
Advertido por la Policía Judicial y la Fiscalía, se decretó que Sanclemente no tenía “poder ni capacidad para disponer sobre elementos ajenos que, luego, serían determinantes para el proceso de negociación judicial que adelanta Laureano Martínez”.
Además de lo sucedido, en julio de 2021, Fiscalía ocupó cuatro predios rurales, también propiedad de Sanclemente. Los mismos pertenecen a una sociedad del político y los integrantes de su familia, de la cual él fue el representante legal hasta el 6 de febrero de 2021.
Los cuatro predios y dos vehículos fueron inscritos en la Oficina de Instrumentos Públicos para su expropiación y están avaluados en 150.000 millones de pesos colombianos (42 millones de dólares).
Con información de EFE
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