Las insólitas “pruebas” con las que el régimen de Daniel Ortega mantiene encarcelados a los opositores

Diez tuits y una publicación de Facebook son las pruebas que el Ministerio Público de Nicaragua presentó para acusar al cronista deportivo Miguel Mendoza por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Todos los testigos son policías.

Uno de los tuits de Mendoza presentado por la Fiscalía fue el publicado el 2 de junio de este año. “La congresista republicana María Elvira Salazar se pronuncia sobre allanamiento y detención de Cristina Chamorro y le advierte al dictador Ortega que están vigilando su actuación y que la Ley Renacer está sobre la mesa”.

Para Maynor Curtis, abogado de Mendoza, las pruebas presentadas contra su defendido no tienen nada que ver con el delito del que se le acusa. El delito de “menoscabo a la integridad nacional”, dice, se aplica “a personas que quieran dividir a Nicaragua, el territorio nacional” o que “estén intentando que otro estado venga y someta al estado de Nicaragua o se apodere de parte del territorio nacional”.

Mendoza es uno de los 36 opositores nicaragüenses que el régimen de Daniel Ortega ha llevado a la cárcel en una ola de detenciones que comenzó el 28 de mayo pasado. Siete de los detenidos se mencionaban como las principales figuras que la oposición pretendía presentar para enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. La mayoría de estos opositores fue detenida bajo cargos de “traición a la patria”, según la ley 10-55, pero ahora es acusada por “menoscabo a la integridad nacional”, según el artículo 410 del Código Penal.

Ese cambio, explica Curtis, se debe a la intención de la Fiscalía de tapar “un error con u otro error”. La ley 10-55, dice, no es una ley penal, no contempla penas de cárcel, y por lo tanto cometieron un error al detener personas bajo esa ley. Los detenidos procesados llevan entre 80 y 100 días aislados en cárceles de la Policía.

“Al usar menoscabo a la integridad nacional, están cometiendo otro error porque no hay pruebas de que alguien esté tratando de separar territorio de Nicaragua. Están aplicado esto para disimular el error que se cometió al aplicar la ley 10-55”, señala el abogado.

La acusación contra ocho opositores presentada por el Ministerio Público de Nicaragua el 25 de agosto en los tribunales.

Curtis defiende a cinco de los opositores presos: el cronista deportivo Miguel Mendoza, los exguerrilleros sandinistas Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, detenido poco después que declarara en una entrevista a Univisión su disposición a convertirse en el candidato presidencial de su partido, Ciudadanos por la Libertad (CxL).

La Fiscalía Departamental de Managua presentó el 25 de agosto pasado ante el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Managua una acusación contra ocho de los procesados cuyas pruebas son, principalmente, tuits, mensajes de WhatsApp, videos de YouTube, entrevistas en medios de comunicación, órdenes de detención, recibos de ocupación, actas de allanamiento y el testimonio de los policías que realizaron las detenciones, las requisas y lo que la Fiscalía llama “patrullaje cibernético”, que es la búsqueda de pruebas en las redes sociales.

“Se realizó patrullaje cibernético en las diferentes tecnologías de la información y la comunicación de las distintas plataformas de redes sociales y fuentes abiertas, se procedió a analizar elementos de interés”, expresa la acusación.

“Un delito no se puede probar con una orden de captura o convalidación del allanamiento”, señala el abogado Curtis. “En el caso de Miguel Mendoza los testigos todos son policías. Siete testigos, siete policías. Luego los mensajes que extrajeron de las redes sociales”.

Al opositor Félix Maradiaga, precandidato presidencial de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), la Fiscalía le achaca que el 26 de enero de 2020 brindó una entrevista al diario La Prensa que se publicó bajo el título “Sanciones contra instituciones y contra la billetera de Ortega”.

A otra opositora de la misma organización, Violeta Granera, se le señala de expresar en una entrevista a la plataforma digital Artículo 66 que “desde la Coalición Nacional pedimos a la OEA poner fecha a Ortega”, mientras contra el precandidato Arturo Cruz presentan como prueba que el 25 de marzo de 2021 comentó en redes sociales que “las reformas electorales que necesitamos para tener unas elecciones libres y justas no pueden seguir esperando a la voluntad del soberano”.

Otro comentario público presentado como prueba es el expresado por el también precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro quien “el 5 de marzo de 2020, en publicaciones del diario La Prensa, dijo que ´las sanciones a la Policía Nacional es una de las más severas y contundentes hasta el momento, genera un precedente que no se había registrado en una institución del Estado, denunciada por haber ordenado, dirigido, participado en las violaciones a los derechos humanos´”.

Al doctor en Ciencias Políticas, Manuel Orozco, residente en el extranjero, se le señala en la acusación de crear “un grupo de Whatsaap llamado ´Reunión mayo 3´”, desde donde a otros miembros les “instruyó que les hicieran llegar los planteamientos por escritos sobre las reformas electorales en Nicaragua”.

La acusación de la Fiscalía también indica que en la computadora del opositor José Pallais encontraron un documento titulado: “La resolución de la OEA y el contexto electoral en Nicaragua” donde “detalla el incumpliendo de las recomendaciones de la OEA”. También se señala que Pallais, “con el propósito de afectar la naturaleza del Estado Soberano e Independiente, desglosó 9 numerales de supuestos atropellos del Estado de Nicaragua contra la oposición”, en una carta el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Otro grupo de pruebas tiene que ver con reuniones que los opositores nicaragüenses han sostenido con diferentes funcionarios estadounidenses. El 11 de agosto de 2020, por ejemplo, varios de los acusados se reunieron con Michael Kozak, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, donde según la acusación, “les hizo un llamado a empujar una unidad robusta y sólida que permita la salida del régimen de Daniel Ortega por la vía cívica”.

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