El fiscal de Bolivia, Juan Lanchipa, ha admitido este lunes una demanda contra la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez y ha iniciado una investigación por delitos de “genocidio, lesiones y muertes” en las protestas postelectorales de 2019 en Sacaba y Senkata.
La demanda ha sido presentada por un grupo de víctimas y familiares según ha indicado el director del Servicio de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) dependiente del Ministerio de Justicia del país, Tito Tornero.
“Queremos comunicar de manera pública que la anterior semana se presentó una demanda en contra de Jeanine Añez Chávez por los hechos acaecidos en 2019 (...) Esta proposición la firman más de 20 personas que han perdido a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a algún familiar por esta represión virtual que ha sido avalada, autorizada y coordinada por la autoproclamada presidenta”, ha dicho Tornero según recoge un comunicado del Ministerio de Justicia.
A finales de junio, la defensa de la ex presidenta presentó “más de 50 pruebas” para refutar las acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración que pesan contra ella por su rol en el marco de la crisis política de 2019 y por las que está en prisión preventiva desde hace más de cien días.
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron al país latinoamericano para investigar las muertes de Sacaba y Senkata, localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades de “masacres”.
Hace poco menos de un mes, la interpelación del Parlamento de Bolivia al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, por la detención de la ex mandataria interina Jeanine Áñez, derivó en un bochorno hasta los golpes entre legisladores del oficialismo y la oposición.
El asunto que polarizó a los parlamentarios del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que tienen la mayoría, con los de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos fue si la crisis política y social que atravesó el país en 2019 fue producto de un fraude electoral o de un golpe de Estado.
Al informe de Del Castillo antecedió la presencia en exteriores del Parlamento de las víctimas de las llamadas masacres de Sacaba, Senkata y Pedregal en las que murieron más de una veintena de civiles en tensiones con el Ejército cuando Áñez había asumido la Presidencia interina del país, tras la renuncia de Evo Morales al poder.
Esa protesta se simbolizó con tres ataúdes de cartón que se apostaron en el ingreso del Parlamento momentos antes de que el ministro Del Castillo acudiera a responder las cinco preguntas planteadas por un grupo de legisladores de la oposición.
(Con información de Europa Press)
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