Paraguay, en el foco de una polémica internacional por la muerte de dos niñas en un operativo del Ejército contra la guerrilla EPP

El Gobierno paraguayo afronta una ola de cuestionamientos locales e internacionales tras confirmarse que las menores muertas en un operativo contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenían 11 años, a lo que se suma la investigación demandada por Argentina, que asegura que las víctimas eran de ese país.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el norteño departamento de Concepción durante dos choques entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el EPP.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez sostiene que las menores participaron en los combates y que fueron reclutadas por el EPP, apuntando a que serían hijas de algunos de sus líderes pero sin descartar que crecieron en Argentina.

Las consecuencias de ese operativo provocaron el repudio de los principales partidos de la oposición, a lo que se añadió este domingo el comunicado de Naciones Unidas, a través de la oficina regional de Derechos Humanos, con sede en Santiago de Chile, que apeló a una investigación “sin demora y de forma imparcial”.

“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, dijo el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

Asimismo, este sábado y a través de su cuenta en Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Paraguay “investigar las circunstancias de la muerte de las adolescentes y redoblar esfuerzos en la adopción de medidas para prevenir el reclutamiento forzoso” de niños por parte de los “grupos armados en el país”.

En otro mensaje, el organismo recordó que los menores de edad “obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado son víctimas del reclutamiento forzado y que los Estados deben adoptar medidas para su protección y restitución de sus derechos”.

Además de esas denuncias sobre el operativo, el punto de mira está sobre la Fiscalía y la celeridad de los procedimientos que siguieron a las muertes.

Las niñas fueron enterradas el mismo miércoles y sin ser identificadas, atendiendo al protocolo por la emergencia sanitaria de la COVID-19, según defendió la Fiscalía tras un examen forense de urgencia y con base en las características externas de los cuerpos. Ese examen indicó que las niñas tenían entre 15 y 17 años, lo que se mantuvo hasta la noche de este sábado, cuando se confirmó que tenían 11.

La argumentación del coronavirus se esgrimió también para justificar la quema de las prendas que supuestamente vestían las menores, que para los analistas significa toda una destrucción de pruebas.

Otro de los elementos del caso es el origen de las víctimas, que fueron confirmadas como argentinas a raíz del comunicado de este viernes de esa Cancillería.

Además de avalar dicha nacionalidad, la Cancillería establecía la edad de las víctimas en 11 años, con la prueba de la inscripción de las menores en el Registro Nacional de las Personas, que fueron remitidas a las autoridades paraguayas.

La mañana del sábado, la Fiscalía solicitó la exhumación de los cuerpos, enterrados en una fosa común del cementerio municipal de Yby Yaú, la zona donde se produjeron los enfrentamientos.

Esa noche, tras el nuevo peritaje forense de la Fiscalía, se confirmaba que las menores tenían 11 años y una diferencia de unos meses.

Ambas presentaban numerosos impactos de armas de fuego y se está a la espera de los resultados del ADN y a la reclamación de los familiares.

Al respecto, el fiscal del caso, Federico Delfino, declaró tras el segundo análisis que las niñas ingresaron desde Argentina el pasado noviembre y junto a sus “supuestas madres”, las cuales habrían entregado a las menores “al grupo criminal y las habrían dejado en ese sitio (el campamento guerrillero)”.

El fiscal identificó a esas mujeres como Miriam Villalba y Laura Villalba, pero aclaró que no serían “las madres biológicas”. Y agregó que las menores podrían ser hijas de Magna Meza y Osvaldo Villalba, y de Liliana Villalba y Manuel Cristaldo, señalados por el Gobierno como líderes en activo del Ejército del Pueblo Paraguayo.

Tras la confirmación paraguaya de las edades, la Cancillería se comprometió a asumir “la responsabilidad de agotar todas las instancias legales a fin de esclarecer los hechos” y en el “marco de las investigaciones ya iniciadas”. También, insistió en la condena al reclutamiento de menores por parte del EPP y aseveró que se aplicará el peso de la ley sobre los responsables.

Ese supuesto uso de menores ya fue sostenido por el Gobierno cuando sus informaciones cifraban la edad de las niñas en 15 y 17 años.

Sin embargo, y atendiendo a esas edades, las formaciones opositoras expresaron su rechazo al relato del Gobierno que, pese a las muertes, presentó como un éxito el operativo.

Ello en base a que se desarticuló el considerado mayor campamento de la guerrilla, en el que habría una docena de guerrilleros que huyeron tras los enfrentamientos que derivaron en las dos muertes y a quienes se sigue rastreando.

El presidente del país, Mario Abdo Benítez, suspendió la agenda de ese día para visitar el campamento guerrillero y valoró el resultado de la operación, en la que se incautaron armas, explosivos, computadoras portátiles, documentos y unos 16.000 dólares.

Con información de EFE

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