Desde San Pablo.- La Corte Suprema brasileña está enredada ante un dilema que ella misma creó. En lo formal, discute anular una decisión que tomó en 2016. En aquel año, se permitió a la justicia mandar inmediatamente a la cárcel a un reo que haya recibido una condena en primera y segunda instancia. Esa medida de hace tres años se aplicó, en 2018, al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sentenciado en segunda instancia a 12 años de prisión por un tribunal federal de Porto Alegre. Los ministros de ese tribunal supremo discutieron entre el miércoles y el jueves último la derogación de esa norma, lo que daría lugar ni más ni menos que a la liberación del ex mandatario, hoy preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.
Precisamente por esta razón los jueces del Supremo Tribunal Federal (la Corte) resolvieron dilatar una decisión. Ya votaron 7 de los 11 miembros: cuatro de ellos se pronunciaron por la continuidad de la resolución de 2016 (o sea, contra la liberación de Lula). Los otros tres dijeron que aquella medida “es inconstitucional” y optaron por pedir su nulidad. Pese al resultado negativo del 4 a 3, se sabe que terminará positivo para el ex presidente. Los cuatro ministros que restan en este “referéndum” de la Corte deberán sufragar a favor de dejar libre al ex presidente, de modo que el resultado final deberá ser: 7 a 4 por “Lula Libre”. Lo más probable es que esa liberación ocurra pocos días después del 5 de noviembre, cuando el STF retome el debate.
La prensa brasileña da como hecho que es eso lo que deberá ocurrir y afirma que hasta los más escépticos saben que se viene la libertad del ex gobernante preso. Pero no hay que olvidar que en este proceso hubo muchas fluctuaciones, para un lado y para el otro. Hay, inclusive, otra dificultad que Lula deberá sortear si se propone volver a la política como candidato seguramente presidencial, como ya anticipó que hará: anunció que una vez afuera de las rejas, retomará sus “caravanas” por todo el país. Por la ley llamada del “prontuario limpio”, el dirigente no podría postularse a ningún cargo electoral, ya que tiene una condena. Con todo, podría ser un gran “puntero”.
Los medios periodísticos locales afirman que, en Brasilia, prefieren “Lula libre” a “Lula preso”. Dicen que el gobierno de Bolsonaro se encontrará en mejor posición para las elecciones de octubre de 2022 si la competencia se polariza con el líder del PT. Según ese análisis, el presidente brasileño podría agrupar todas las fuerzas anti petistas en su entorno, y anular así la presencia de candidatos de centro y centroderecha que podrán disputar los comicios dentro de tres años. Hay varios que están en el escenario: por la socialdemocracia, concurrirá con toda certeza el actual gobernador de San Pablo, Joao Doria; pero también están en carrera el ministro Sergio Moro y el sin partido Luciano Huck, un conductor de la TV Globo con arraigo popular, pero nada de experiencia política.
Por sí mismo, la discusión en la Corte Suprema ya generó una avalancha de tuits en contra y a favor de quienes quieren sacar al ex presidente Lula de la prisión. Una de las ministras, Rosa Weber, quien desequilibró a favor del político, fue blanco de insultos del más diverso tipo. También el Supremo Tribunal (STF) al que calificaron de “oficina del crimen” y de “vergüenza nacional”. La magistrada argumentó que aquella disposición de 2016 es “anticonstitucional” y además hiere el Código Penal.
El Ministerio Público Federal se manifestó, esta semana, a favor de liberar al ex jefe de Estado, en función de que ya cumplió parte de la condena y ahora debe ir al régimen semi abierto, que supone la libertad durante el día y el retorno a la prisión durante la noche. Lula y sus abogados rechazaron esa opción. Hay que recordar que, desde marzo de 2016, los fiscales de Curitiba llevaron adelante en forma protagónica las investigaciones sobre el departamento de tres pisos en un country de la playa de Garuajá, que supuestamente habría sido cedido a la familia del ex mandatario por la constructora OAS. Esta se habría beneficiado a cambio con la obtención de licitaciones. Ese “triplex”, como lo bautizaron los brasileños, todavía está a nombre de la firma en cuestión. Un régimen semi abierto permitiría, e principio, que los fiscales federales de Curitiba mantengan la situación de Lula bajo su control.
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