Cuatro ejecutivos y ex empresarios de grandes constructoras peruanas que fueron socias de la brasileña Odebrecht, quedarán bajo prisión preventiva, acusados de sobornar al ex presidente Alejandro Toledo a cambio de una obra pública, según dispuso el lunes un tribunal.
"Este despacho considera que se dan los ingredientes de peligro de fuga y obstaculización a la Justicia. Es proporcional aplicarles prisión preventiva de 18 meses a los cuatro investigados", dijo el juez Richard Concepción Carhuancho en una audiencia la madrugada del lunes.
En la investigación están envueltas tres de las mayores constructoras de Perú: Graña y Montero, JJ Camet y la firma ICCGSA, que trabajaron en consorcio con Odebrecht. En el caso de Graña y Montero, es una poderosa compañía que cotiza tanto en la Bolsa de Lima como en la de Nueva York.
Por Graña quedan en prisión José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio) y Hernando Alejandro Graña Acuña (ex presidente del directorio). Por JJ Camet el empresario Fernando Gonzalo Camet Piccone (presidente) y, por ICCGSA, José Fernando Castillo Dibós (director gerente general).
En tanto, Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero), quedará bajo arresto domiciliario en una clínica, debido a un cáncer que lo aqueja.
Según la acusación, las firmas peruanas, junto con Odebrecht, compartieron el pago de un soborno de 20 millones de dólares entregado al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), a cambio de ganar la licitación para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.
"Se concluye con alta probabilidad la responsabilidad en colusión de los investigados" dijo el juez Richard Concepción. Consideró que los empresarios afectaron la transparencia de una obra de gran envergadura.
Los cargos son por colusión y lavado de activos, y la decisión de prisión preventiva se adopta ante un posible peligro de fuga de los implicados. Las empresas peruanas habrían colaborado con 15 de los 20 millones del soborno, según las investigaciones.
Fue el ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien confesó el pago como parte de un acuerdo de colaboración premiada, según lo detallado por la fiscalía.
El fiscal del caso, Hamilton Castro, explicó que las constructoras peruanas disfrazaron el pago del soborno a través de una cesión de utilidades a Odebrecht, como reembolso por el dinero que la brasileña ya le había entregado a Toledo.
"Le dieron un matiz, un ropaje de algo lícito, cuando en verdad no lo era", consideró por su parte el fiscal Marcial Paucar, parte del equipo peruano a cargo de investigar el alcance del caso Lava Jato en el país.
"Odebrecht pagó la coima, pero las empresas peruanas compensaron ese gasto luego", afirmó Castro. El fiscal detalló que "el 1 de junio de 2011, estas tres empresas se reunieron y determinaron las utilidades bajo el ropaje de riesgos adicionales. Esto consta en actas de juntas de accionistas".
"Se ha determinado con pericias contables que estas empresas cedieron más de 41 millones de soles de sus utilidades bajo la fachada de riesgos adicionales, eso equivale a 15 millones de dólares", agregó Castro.
Los abogados de los empresarios investigados apelaron la decisión, pero anunciaron que sus patrocinados se dirigen voluntariamente al tribunal, para que sean llevados a prisión.
Odebrecht, activa participante en el escándalo de pago de sobornos a políticos y autoridades a cambio de obras públicas, admite que desembolsó en Perú sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014.
(Con información de AFP)
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